Andar y mascar chicle

El acuerdo del PP y del PSOE para enmendar de consuno el proyecto de la Ley de Partidos -cuyo declarado objetivo es la ilegalización de Batasuna por la vía civil- desmintió la tesis gubernamental según la cual las discrepancias de los socialistas sobre el texto no eran sino pretextos obstruccionistas. Durante varias semanas, el presidente y sus ministros se dedicaron a vejar a quienes se atrevieron a disentir del tosco borrador de la norma (criticado parcialmente por los dictámenes del CGPJ y del Consejo de Estado), caricaturizando maliciosamente a la oposición como una fofa constelación de cobardes, arrugados y pusilánimes. Algunos dirigentes del PP emularon incluso las hazañas del presidente Ford, incapaz -según la leyenda- de caminar y mascar chicle a la vez; la aparente dificultad de Javier Arenas para entender algo tan elemental como la posibilidad de admitir al mismo tiempo la conveniencia de promulgar una ley y la necesidad de adecuarla al Estado de derecho es digna del sucesor de Nixon. Un artículo publicado en La Vanguardia por Jordi Pujol, presidente de la Generalitat y de CiU, muestra la forma de armonizar ambos enfoques: la aceptación en abstracto de la idoneidad democrática de una ley que permita la disolución judicial de partidos vinculados con el terrorismo no impide exigir en concreto la modificación y la mejora de su articulado a fin de evitar -como en este caso- riesgos tales como la retroactividad sancionadora de la norma o la prohibición de ideas republicanas, independentistas o colectivistas pacíficamente defendidas.

La sectaria actitud respecto a la Ley de Partidos adoptada inicialmente por el Gobierno, resuelto a imponerla en solitario mediante su mayoría parlamentaria absoluta si la oposición pretendía enmendar el texto, se debió probablemente al propósito de convertir la ilegalización por la vía civil de Batasuna (antes de que la Audiencia Nacional alcance el mismo objetivo por la vía penal) en la pieza clave de la estrategia del PP para los comicios de 2003. Cualesquiera que sean los motivos de su elogiable viraje, la decisión de Aznar de abrir el texto a la negociación parlamentaria con las restantes fuerzas aumentará la base de legitimidad política del proyecto. Al igual que la normativa electoral, la regulación del sistema de partidos no puede ser modificada de manera unilateral por el Poder Ejecutivo sin alterar los equilibrios subyacentes al consenso constitucional. De añadidura, la utilización de la norma para conseguir la deslegalización judicial de Batasuna por la vía civil exigía la participación del PSOE en estricto pie de igualdad con el PP; el Acuerdo por las Libertades suscrito en diciembre de 2000 por ambos partidos compromete solemnemente a los firmantes a 'impulsar' las reformas legales antiterroristas 'en el marco del mutuo acuerdo'.

Las enmiendas al proyecto de Ley de Partidos pactadas entre populares y socialistas han sido presentadas por algunos medios gubernamentales como simples retoques de maquillaje. Sin embargo, las cautelas para impedir la aplicación retroactiva de la norma, el desbroce de la sofocante jungla del artículo 9 del texto y la búsqueda de una fórmula de compromiso sobre la legitimación de las Cámaras para instar a la disolución judicial de los partidos no afectan a la fachada del edificio sino a sus muros de carga. Aunque el proyecto no sea la mejor Ley de Partidos imaginable o incluso deseable, y aunque tampoco se puedan descartar los efectos perversos o las consecuencias indeseadas de la disolución de Batasuna, el consenso entre fuerzas tan distantes como PP y PSOE requería ese precio.

El Congreso debatirá mañana siete enmiendas de devolución presentadas por el PNV, Izquierda Unida y el Grupo Mixto. Las reglas no escritas de la democracia deliberativa obligan a escuchar con respeto los argumentos -referidos a cuestiones de legalidad o de oportunidad política- de los enmendantes; sin embargo, la renuencia de los nacionalistas a presentar cualquier alternativa para defender el Estado de derecho del terrorismo resta sinceridad a su sobreactuado rechazo. Una vez superado el trámite de totalidad, la Comisión discutirá las enmiendas parciales; la negociación entre los grupos parlamentarios tal vez logre suprimir las zonas de sombra y los defectos técnicos todavía presentes en un proyecto manifiestamente mejorable.