El SCH desgaja su unidad de informática para ahorrar costes

El Santander Central Hispano (SCH) continúa adelante con su plan para recortar costes, uno de los principales objetivos del banco para este ejercicio. Para ello, la entidad presidida por Emilio Botín ha decidido crear una sociedad al margen del banco que unifique la tecnología de SCH y Banesto, bajo el modelo informático de este último banco, reconocido en el mercado como uno de los más avanzados en este campo.

Para llevar a buen puerto el proyecto, el SCH ha fichado a Enrique Silva, ex ejecutivo de IBM, que será consejero delegado de la nueva empresa. Silva era director general de una filial de IBM, Insa (Ingeniería de Sofware Avanzado).

En principio, esta empresa tendrá forma de sociedad limitada. Agrupará a unos 600 empleados del área tecnológica de Banesto (aportará 250) y el SCH (cederá unos 350). José Antonio Aróstegui, director general de costes e informática, es el promotor de esta idea, que ya la llevó adelante en 1998, cuando intentó fusionar la informática del Santander con la de Banesto. Aquella operación se paralizó en 1999, porque el Santander se fusionó con el Central Hispano y la prioridad fue integrar a las plataformas de las dos entidades.

Ahora Aróstegui retoma la operación aparcada. Buena parte de los empleados del banco se han opuesto a la medida porque entienden que perderían parte de sus derechos laborales que ahora tienen en el banco. Los salarios, categorías, vacaciones, límites a la movilidad funcional y geográfica, son algunos de los temas que más preocupan a la plantilla.

Por el momento, los sindicatos han recomedado a los empleados que no negocien individualmente con la empresa y mantiene conversaciones con la dirección. El temor de los representantes sindicales es que se precarice el empleo de esta división.

En julio, la entidad espera determinar las actividades que se pueden exteriorizar para que, tras el verano, eche a andar la nueva compañía.

En abril pasado la entidad anunció el recorte de 11.000 empleos en todo el mundo, de ellos 3.000 corresponden a España, con el objetivo de recortar gastos.