El Ivima reconoce que entregó 100 viviendas sin tener licencia en 1997

El gerente del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), Juan José Franch, reconoció ayer en la Asamblea que en 1997 entregó 100 viviendas de la calle de Abizanda (Hortaleza) a sabiendas de que carecían de licencia de obra y admitió que todavía no la ha solicitado.

El PSOE subrayó que esto es 'ilegal'. El portavoz socialista de Urbanismo, Modesto Nolla, cree que el gerente del Ivima podría haber incurrido en un supuesto delito de 'prevaricación' y afirmó que el PSOE decidirá conjuntamente con los vecinos las 'acciones legales' que consideren oportunas.

Nolla acusó al gerente del Ivima de 'jugar con la seguridad de los vecinos' y aseguró que el Ivima y el Ayuntamiento de Madrid 'han ocultado a estas 100 familias que sus casas carecen de licencia'. Nolla hizo esta denuncia en la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea durante una comparecencia del gerente del Ivima, solicitada conjuntamente por el PSOE e IU, para pedirle explicaciones por las 'deficiencias' que presentan dichas viviendas cuatro años después de su entrega a los vecinos.

Las viviendas afectadas están situadas en los números 65-A, 65-B, 67-A y 67-B de la calle de Abizanda, en la zona de viviendas sociales construidas durante el franquismo (Unidad Vecinal de Absorción, UVA) de Hortaleza. Las familias que las ocupan han denunciado reiteradamente al Ivima diversas 'deficiencias' y 'vicios de construcción'.

El proyecto de construcción de estas viviendas de realojamiento lo aprobó en 1994 el anterior Gobierno regional socialista, que inició las obras sin licencia porque no se había aprobado todavía el Plan Especial de Reforma Interior (PERI), según relató Nolla.

Expediente archivado

El Ivima, ya con el Gobierno del PP, aprobó el PERI en 1998 y el mismo año la constructora Dragados y Construcciones solicitó al Ayuntamiento la licencia de obra. La Gerencia Municipal de Urbanismo comunicó entonces al Ivima que disponía de 15 días de plazo para presentar la documentación necesaria para conceder la licencia, pero el Ivima no la presentó, lo que desembocó en 1999 en una comunicación interna del Ayuntamiento de denegación de licencia y archivo del expediente.

El diputado Nolla indicó que la ley prohíbe a cualquier promotor público o privado entregar viviendas sin que los técnicos del departamento de prevención y protección civil las inspeccionen y emitan un informe favorable de deficiencias e insistió en pedir responsabilidades a Franch por haberse 'saltado la ley'.

Según el gerente del Ivima, tomó la decisión de entregar estas 100 viviendas sin tener las licencias oportunas después de 'sopesar que había 1.000 familias en ese momento pendientes de realojamiento' y tras asegurarle el arquitecto director de las obras que el edificio estaba en 'condiciones de seguridad y garantía'.