La travesía de Monteseirín en Puerto Triana

La penúltima reunión en el Ayuntamiento de Sevilla del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, con los presidentes de las dos cajas sevillanas estuvo rodeada de polémica. En aquel encuentro, en marzo de 2001, Sánchez Monteseirín concedió una foto que sirvió a Juan Manuel López Benjumea e Isidoro Beneroso para hacer público su proyecto de unir El Monte y Caja San Fernando; apenas tres meses después, su partido, el PSOE, tumbaba la fusión que promovían López Benjumea y Beneroso por obviar la renovación de cargos a la que les obligaba la Ley de Cajas. El miércoles, el alcalde recibió por primera vez a los nuevos presidentes de El Monte, José María Bueno Lidón, y San Fernando, Alfredo Pérez Cano, que le comentaron los avances en una fusión que ahora sí se ajusta a la legalidad. Pero una de las herencias de la polémica gestión inmobiliaria de López Benjumea y Beneroso, el proyecto comercial Puerto Triana, se coló y acaparó el encuentro.

El proyecto, del que El Monte y Caja San Fernando poseen casi la mitad del capital desembolsado (unos cinco millones de euros) y en el que la multinacional Rodamco, especializada en centros comerciales y de ocio, ha asumido el papel de socio industrial, apuesta por un determinado desarrollo urbanístico de la zona sur de la Isla de la Cartuja, ahora clasificada fundamentalmente como espacio libre. Pero ese desarrollo, amparado por un convenio firmado con el Ayuntamiento y respaldo de los tres grupos municipales mayoritarios (PSOE, PA y PP) ha chocado reiteradamente con las objeciones de la Consejería de Obras Públicas, que vela por la legaliidad de las modificaciones urbanísticas.

En un informe del pasado 3 de mayo, la dirección general de urbanismo de la Consejería dijo su última palabra sobre el proyecto que impulsan los promotores y avala la Gerencia municipal de Urbanismo. La Gerencia, dirigida por el andalucista Rafael Carmona, pretendía considerar 'puntual' la modificación necesaria en el plan urbanístico para permitir la construcción de Puerto Triana, lo que dejaba su aprobación definitiva en manos del Ayuntamiento. En su escrito, la Consejería mantiene que es una modificación cualificada, lo que exige el visto bueno de la Junta, y manifiesta reticencias de calado sobre la intención de transformar espacios libres en usos comerciales con elevada edificabilidad.

Al escrito de la Junta, Carmona respondió con una huida hacia adelante: anunció el inicio de otro expediente, para intentar esta vez encajarlo como modificación puntual dentro del avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que se aprobará este verano. Y aseguró que si la Junta volvía a rechazar su propuesta, ignoraría el dictamen y plantearía al pleno municipal la aprobación del proyecto, una decisión que sólo dejaría a la Consejería la opción de recurrir a los tribunales para defender sus competencias.

'El avance del PGOU no tiene ninguna implicación jurídica sobre el cambio de clasificación de los suelos, eso sólo lo hace la aprobación definitiva del nuevo PGOU, cualquier cambio que se haga hasta entonces se hará sobre el plan vigente', explica la directora autonómica de urbanismo, Josefina Cruz, quien recalca que si la modificación vuelve a plantearse en los mismos términos, el dictamen de la Junta se repetirá.

A pesar de las contundentes objeciones de la Junta, el alcalde y los presidentes de las cajas han optado por intentar salvar el proyecto. Monteseirín, condicionado por su pacto de gobierno con los andalucistas, ha resucitado la idea de crear una mesa de negociación, propuesta de la que ya habló con el presidente de la Junta, Manuel Chaves, a principios del año pasado en otro polémico encuentro al que acudieron los promotores de Puerto Triana y Ricardo Bofill, arquitecto encargado del diseño. En la mesa, que el alcalde quiere convocar en los próximos días, se sentarán los promotores, las cajas y representantes municipales, pero no la Junta, que esperará a la nueva propuesta del Ayuntamiento.

Los nuevos presidentes de El Monte y Caja San Fernando también están obligados a nadar entre dos aguas. Si los cambios que se introducen suponen una rebaja importante en los metros cuadrados edificables para uso comercial, la multinacional Rodamco, la única interesada en comprar la participación de los demás socios una vez aprobado el proyecto, dará la espantá. 'Queremos propiciar un acercamiento entre las posiciones del Ayuntamiento y la Junta sobre la edificabilidad de los suelos', asegura Bueno. 'Puerto Triana tiene que ser posible y viable', corrobora el presidente de San Fernando. Pero ambos, empeñados en alejar fantasmas del pasado reciente de las cajas, también se descuelgan de la vía dura auspiciada por Carmona. 'Hay que ajustarse a la legalidad, no estamos de acuerdo con que la lucha se lleve hasta el extremo', indica Pérez Cano. 'No vamos a actuar contra la Junta', recalca el presidente de El Monte.