El PP rechaza tramitar la proposición de ley de comarcalización porque abriría 'heridas'

La proposición de ley de comarcalización presentada por Esquerra Unida no será debatida en las Cortes Valencianas. El PP rechazó ayer la tramitación de la iniciativa por considerar que es una cuestión que 'no preocupa a los ciudadanos' y que añadiría una administración más a las ya existentes, lo que 'complicaría la burocracia', y abriría 'heridas' entre municipios. Por otro lado, el PP votó en solitario la tramitación de su texto alternativo a la proposición de ley de publicidad institucional del PSPV. Los socialistas ven problemas de inconstitucionalidad en el texto del PP.

El Consell había manifestado su criterio en contra de la tramitación de la proposición de ley de comarcalización presentada por EU al considerar que el debate en torno a esta cuestión debe esperar hasta que culmine el proceso de traspaso de competencias a los municipios y hasta que quede definido el papel que desempeñarán en un futuro las diputaciones y las mancomunidades. Además, el PP, obviando que la iniciativa de EU prevé la desaparición de las corporaciones provinciales, adujo que el proceso de comarcalización supondría 'añadir' una administración más a las ya existentes, lo que 'complicaría' la burocracia y 'perjudicaría' a los ciudadanos, y abriría 'heridas' debido a posibles enfrentamientos entre municipios.

No se refirió el PP a la famosa 'segunda descentralización' que aprobó el congreso nacional en enero pasado, una propuesta que, de hecho, ha quedado superada por la creación de la comisión redactora del programa electoral municipal y autonómico para el año próximo. Esa comisión ha quedado dividida en seis grupos de trabajo, entre los que destaca el encabezado por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que ha quedado encargada de dirigir la redacción de un documento sobre descentralización y Pacto Local. El popular Joaquín Soler pidió la retirada de la iniciativa de EU, aseguró que su partido cree en 'un camino distinto' al de la comarcalización y dijo que el Consell trabaja en un proyecto de asociacionismo local que permita 'gestionar más y mejor los servicios públicos a través de las mancomunidades y los consorcios. Además, alegó los 'problemas' que surgirían a la hora de poner de acuerdo a los municipios en torno a la capitalidad de las comarcas y a la prestación de servicios. 'Queremos resolver problemas, no abrir heridas', resumió.

La diputada de EU Dolors Pérez recordó que la comarcalización está prevista en el Estatuto de Autonomía y consideró necesario avanzar en esta cuestión para 'superar' una administración provincial 'ineficaz', lograr una participación más democrática y una mayor descentralización. Joan Francesc Peris, del Grupo Mixto, hizo un alegato contra la división provincial, que identificó como 'una de las razones de la debilidad de los valencianos como pueblo'. Y la socialista Josefa Andrés reclamó la creación de una comisión especial en las Cortes para desarrollar un nuevo mapa territorial valenciano que permita dar soluciones a los problemas actuales. Los socialistas se abstuvieron, aunque el diputado Francisco Pérez Baldó rompió la disciplina y votó con EU.

El pleno había comenzado con el debate sobre la publicidad institucional, en el que populares y socialistas volvieron a enzarzarse en torno a la utilización de fondos públicos con fines propagandísticos. El Consell rechazó la tramitación de una proposición de ley del PSPV en torno al asunto y el PP presentó un texto alternativo. El portavoz popular, Alejandro Font de Mora, dijo que la proposición de los socialistas era 'inquisidora' y 'muy similar a un código deontológico' y defendió la de su grupo por ser 'más concisa, sencilla y solemne'. El texto alternativo, añadió, pretende 'consolidar una situación de principio y equidad en el reparto' de la publicidad institucional, algo que consideró 'necesario', ya que 'en el pasado', en referencia a los gobiernos socialistas, se dieron 'situaciones lamentables'.

La socialista María Antonia Armengol afirmó que el texto del PP convierte 'lo ilegal en legal', provoca inseguridad jurídica, permite la 'arbitrariedad' y no establece criterios 'objetivos' de reparto. Tras denunciar que el PP deja al margen de la ley a las empresas públicas y los entes autónomos y asegurar que su único objetivo es 'manipular el dinero de la publicidad institucional en su propio interés', la diputada socialista anunció que si el texto no es modificado su grupo recurrirá a los tribunales por considerar que implicará 'graves problemas de inconstitucionalidad'.