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Desestimados dos nuevos recursos contra la demolición de una parroquia de Fuencarral

El Tribunal Superior obliga al Consistorio a informar cada dos días de cómo va el derribo

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado los recursos interpuestos por el Ayuntamiento y el arzobispado para pedir el aplazamiento de la demolición de parte de la iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes, sita en el barrio del Pilar (Fuencarral). El arzobispado pedía la suspensión de la ejecución alegando que a la parroquia no le daba tiempo a cumplir sus 'compromisos pastorales'. El Ayuntamiento presentó el recurso porque el tribunal le obligaba a informarle cada dos días de la marcha de los trabajos de derribo, cuya duración calcula en 82 jornadas.

Los representantes legales de ambas partes interpusieron el recurso tras el auto dictado por la Sala de lo Contencioso-administrativo del mismo tribunal el pasado 10 de abril, que ratifica el derribo de 100 metros cuadrados de la parroquia, situada en la calle de Villa de Marín, por estar a sólo siete metros de distancia del edificio de viviendas colindante, y no a 12, como fija la ley.

El pasado 20 de abril, el arzobispado presentó un recurso de súplica para pedir la suspensión de la ejecución de la sentencia. Esta institución eclesiástica alegó en el recurso que a la parroquia no le daba tiempo a cumplir sus 'compromisos pastorales', para lo que aportó un escrito en el que detalla los compromisos religiosos adquiridos hasta el 5 de octubre próximo.

Según consta en el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 'los compromisos pastorales que pueda tener la parroquia es una cuestión ajena a esta ejecución de sentencia'. El tribunal argumenta que estas obligaciones se deben 'a la falta de previsión del arzobispado', ya que en enero pasado ya sabía que la iglesia se tendría que demoler tras haber sido rechazado otro recurso.

El arzobispado también planteaba la posibilidad de dejar el asunto en manos del arbitraje, a lo que la sala ha alegado: 'Nos encontramos ante una ilegalidad urbanística declarada en sentencia firme que no es disponible por las partes, por lo que queda fuera de cualquier transacción o arbitraje'. 'Pero además', añade el auto, 'los recurrentes siguen mostrando su clara intención de que no se ejecute la sentencia'.

La ejecución de la sentencia, dictada en 1993, se ha retrasado en numerosas ocasiones debido a los sucesivos recursos presentados por el arzobispado y el Ayuntamiento. La institución religiosa ha llegado a presentar un recurso de casación (la última instancia judicial a la que se puede acudir) ante el Tribunal Supremo, que aún no ha sido admitido a trámite.

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En este último auto, del pasado 7 de mayo, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior recuerda que las alegaciones presentadas por arzobispado y Ayuntamiento 'no tienen otro objetivo que el de dilatar aún más la ejecución de la sentencia de 3 de junio de 1993'.

Control de la ejecución

El tribunal obliga al Ayuntamiento a informarle del transcurso de las obras cada dos días. En su recurso de súplica, el Consistorio expresa su desacuerdo con este punto, y alega que el plazo idóneo sería 'cada 20 días'. Pero el auto de la sala, en la que ha actuado como ponente el magistrado Fernando de Mateo Menéndez, se ratifica en que el Ayuntamiento deberá informar cada dos días a la sala de cómo va la ejecución de la sentencia. Este plazo es, según el tribunal, 'conveniente para un adecuado control de dicha ejecución'. El auto añade que la sala no comparte la alegación del Ayuntamiento debido 'al tiempo transcurrido que se lleva intentando ejecutar la sentencia', desde junio de 1993.

Éste es el mismo argumento para rechazar otra de las alegaciones del Consistorio, que aportó un plan de trabajo en el que consta que la ejecución de la demolición tendría una duración de 82 jornadas de trabajo (unos cuatro meses). 'El plan propuesto puede ser adecuado', afirma el Tribunal Superior, 'pero, habida cuenta del tiempo transcurrido, el Ayuntamiento tendría que tener todo a punto si, como dice, está dispuesto a ejecutar la sentencia'. Efectivamente, el gerente de Urbanismo, Luis Armada, reiteró ayer que la demolición es 'inminente', aunque no quiso precisar cuándo se ejecutará.

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