Los tribunales apoyan el decreto que prohíbe más minas en Campo Real

El decreto regional que impide que se abran más minas en los terrenos de lo que será el futuro aeropuerto de Campo Real seguirá vigente. La patronal de los mineros (Anefa) había presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia en el que solicitaba la paralización cautelar del acuerdo. Pero los jueces han denegado la petición: el tribunal entiende que la orden gubernamental es de 'interés público'.

La batalla legal que ahora enfrenta a la patronal Anefa con la Administración regional se inició el pasado diciembre. Tras el último Consejo de Gobierno de aquel mes, los mineros recibieron sorprendidos la noticia de que el Ejecutivo presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, del PP, había decidido declarar 'no registrable por motivos de interés público la comarca de Campo Real'.

Esa decisión, en la que participaron las Consejerías de Economía, Presidencia y Urbanismo, pretende impedir que se asienten más explotaciones en la zona y evitar, además, las expropiaciones a las que se verán sometidos los mineros en el momento en el que el aeropuerto de Campo Real comience a ser una realidad.

En la actualidad, por ejemplo, la empresa minera Tolsa reclama a la Comunidad más de 16 millones de euros por los daños económicos que le ha supuesto la construcción de la M-45, que, según afirma Tolsa, le ha impedido extraer sepiolita del subsuelo de Vicálvaro y Villa de Vallecas.

Molestos por la decisión, el medio centenar de empresas a las que representa Anefa en Madrid decidió llevar a los tribunales al Gobierno de Ruiz-Gallardón y solicitar la 'paralización cautelar' del decreto. Pero los jueces han desestimado su petición.

En su escrito, Anefa argumentaba que la prohibición de la Comunidad es prácticamente 'de imposible aplicación', porque, entre otras cosas, no detalla el área en la que se quieren impedir futuras minas. Además, acusaban al Ejecutivo regional de utilizar el término 'comarca' para referirse a Campo Real, pese a que tal concepto carece de validez jurídica en la Comunidad de Madrid. El último argumento que utilizaron fue que el acuerdo se basa en un punto de la Ley de Minas de 1937 que es, a juicio de la asociación, de 'corte intervencionista y que se utilizaba en la época de Franco'.

Los razonamientos empleados por la patronal no han convencido al Tribunal Superior, que ha emitido un auto en el que deniega la petición de Anefa. En el auto, cuya ponente es la magistrada Ángeles Huet de Sande, la sección novena de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia considera, entre otras cosas, que la orden regional obedece 'a un interés público'.

En su exposición, la magistrada explica que los dos conceptos que fundamentan 'la procedencia o improcedencia' de la suspensión son el interés público del decreto recurrido -en este caso- y los perjuicios económicos que se deriven de la vigencia del acuerdo.

'Evidente interés público'

En lo que concierne a los terrenos del futuro aeropuerto de Campo Real, la magistrada Huet asegura en su escrito que 'resulta evidente el interés público que subyace a la ejecución del acto administrativo recurrido (...)'. El interés público, dice además el Tribunal Superior, se concreta en 'la incidencia en la creación de empleo y desarrollo socioeconómico de la región en la zona afectada'. Frente a este argumento esgrimido por los abogados del Gobierno regional, la patronal Anefa, según el auto, no alega ni especifica ningún perjuicio irreparable que le podría suponer la ejecución del auto impugnado, es decir, del decreto que prohíbe la apertura de más minas.

Pero la batalla judicial no termina aquí. En realidad, apenas comienza. Desde Anefa, su letrado, José Luis Fuertes, adelanta que el segundo paso, tras la decisión del tribunal, será presentar una demanda utilizando los mismos argumentos que se emplearon para solicitar la suspensión del acuerdo. 'Nosotros vamos a esperar la sentencia final', dice.

En opinión de Fuertes, la verdadera carrera se inicia ahora, cuando la sala analice 'las cuestiones de fondo' que prevalecen en este asunto. 'Pero no hay duda de que seguiremos adelante', afirma el abogado.

La patronal Anefa se queja de que la decisión del PP se tomó de forma 'unilateral'. Según explicó el presidente de la Asociación, Rafael Fernández Aller, no se ha tenido en cuenta el hecho de que en la región se empieza a producir 'un problema grave de distribución de áridos'.

En Campo Real se ha reservado ya un área de cerca de mil hectáreas, en las que se prevé la construcción del nuevo aeródromo que teóricamente sustituirá al de Barajas en 2015. En ese lugar ya hay instaladas unas siete minas que extraen áridos y calizas, dos productos apetecidos por las empresas constructoras y abundantes en esa zona.

En la región existen 65 explotaciones de áridos que producen una media de 450.000 toneladas al año. La patronal Anefa asegura que este sector genera en la Comunidad de Madrid un volumen de negocio superior a los mil millones de euros y ha creado 3.000 empleos directos.