ERC quiere obligar al Ejecutivo catalán a revelar la identidad de sus asesores

El diputado de Esquerra Republicana (ERC) Joan Ridao ha presentado una proposición no de ley que busca obligar al Gobierno catalán a hacer pública la identidad y el sueldo de todos sus asesores. La iniciativa tiene posibilidades de prosperar porque el Partido Popular (PP), del que depende la mayoría de Convergència i Unió (CiU), también ha levantado esta bandera a lo largo de la legislatura y se ha interesado por los mismos datos a través de una pregunta parlamentaria, cuya respuesta, de momento, sigue pendiente.

El control sobre los asesores del Gobierno es una vieja aspiración de la oposición, que en esta legislatura ha dado algunos pasos hacia adelante. El año pasado Ridao hizo pública una lista de 200 asesores -una categoría que incluye también a personal eventual-, a los que el Gobierno catalán pagaba un total de 1.500 millones de pesetas (nueve millones de euros) anuales. Algunos de ellos cobraban más que los consejeros sin que sus funciones fueran claras. La difusión de esta lista originó un revuelo político y costó el puesto a los altos cargos que facilitaron la información a Ridao.

El siguiente paso, como consecuencia de la presión conjunta impulsada por ERC y el PP, fue la aprobación de una resolución parlamentaria que obliga al Gobierno a publicar periódicamente en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la relación de asesores y de personal eventual. Como consecuencia de esta resolución, el Ejecutivo catalán ha dado publicidad a todos los puestos, pero omitiendo la identidad de las personas, así como la retribución exacta que perciben.

Para completar el control político sobre los asesores, el PP utilizó después la vía de la pregunta parlamentaria por escrito para conocer la identidad y el salario de todos los integrantes de la lista. El Gobierno catalán ha pedido recientemente una prórroga para contestar, pero hasta ahora se ha mostrado siempre contrario a facilitar este tipo de información alegando que atentaría contra el derecho a la intimidad de estos colaboradores.

Ridao ha optado por una vía más expeditiva: obligar al Gobierno autónomo a hacer públicos estos datos periódicamente a través de un mandato parlamentario. El diputado independentista también ha pedido amparo al Tribunal Constitucional porque la consejera de Gobernación, Núria de Gispert, se ha negado asimismo a facilitarle la identidad de todos los ex altos cargos que mantienen una relación laboral con la Administración catalana tras cesar en su cargo.