La Generalitat da por bueno el pacto de Lear y subraya que reactivará la zona

La izquierda critica al Gobierno catalán por 'tirar la toalla' en Cervera

La crisis abierta hace tres meses en Cervera (Segarra) por la multinacional Lear, sin duda el episodio laboral más grave que se recuerda en Lleida, cerró ayer una etapa gracias a un preacuerdo entre la dirección de la empresa y los representantes de los empleados, y que araña indemnizaciones equivalentes a 60 días por año trabajado para los 928 trabajadores afectados por el cierre. El pacto, cerrado tras 15 horas de negociación, abre perspectivas para la recolocación de los empleados y la reindustrialización de la zona.

En el preacuerdo alcanzado por el comité de empresa y la dirección de la multinacional norteamericana, que en febrero pasado extendió la desolación por las comarcas de Lleida al anunciar el cierre de una factoría que empleaba a 1.200 personas, influyeron decisivamente la presión del calendario -ayer finalizaba el periodo de consultas que marca la ley tras la presentación de un expediente- y la espada de Damocles que suponía la amenaza de una huelga indefinida en todas las plantas de Lear en España a partir de mañana.

Así, hubo apretón de manos, al que, según los sindicatos presentes en la reunión, tampoco fue ajeno el hecho de que el Gobierno catalán pusiera finalmente toda la carne en el asador 'como mediador, esta vez, eficaz'. La fumata blanca no evitará el cierre de la planta, que Lear siempre consideró irrevocable, pero sí proyecta un poco de luz al final del túnel.

Por esta razón, y con voz cansada, Vicenç Rocosa, secretario general de la Federación del Metal de Comisiones Obreras de Cataluña, calificaba de 'agridulce' el pacto alcanzado, que mañana será sometido a la aprobación de una asamblea de empleados de la planta de Cervera, sin que, en principio, se espere un rechazo, tras tres meses de enfrentamiento con la empresa.

El principal obstáculo de la negociación era la inflexibilidad de la dirección de Lear para ofrecer indemnizaciones superiores a 45 días por año trabajado, una posición en la que la compañía se mantenía firme desde el pasado 22 de marzo, cuando ya quedó clara la imposibilidad de encontrar alternativas al cierre de Cervera. Vistos los bajos sueldos de los empleados, los sindicatos llegaron a reclamar 80 días por año trabajado.

No arriesgar y no perder

Por escrito, el epígrafe del preacuerdo alcanzado ayer que aborda las indemnizaciones mantiene claramente los 45 días por año de servicios. Sin embargo, los sindicatos se dieron por satisfechos porque Lear Corporation aceptó añadir una serie de compensaciones -un complemento de antigüedad y una serie de 'primas especiales'- que, en la práctica, elevan la indemnización por trabajador a una cantidad equivalente a 60 días (45 por año trabajado, 12 por antigüedad y 3 por primas). 'Hemos preferido no arriesgar demasiado para no perderlo todo', confesaba tras la reunión Manuel Gallardo, secretario general del metal y la construcción de UGT Cataluña.

La extinción de los 928 contratos fijos concernidos por el cierre de Cervera se iniciará este mismo mes de mayo (después de este preacuerdo, el Departamento de Trabajo autorizará el expediente) y se realizará de forma gradual hasta el próximo 31 de diciembre. Según Comisiones Obreras, a finales de octubre se espera que Lear ya haya comunicado a cerca del 40% de la plantilla la aplicación de la medida, con una antelación de 15 días.

El preacuerdo mantiene la oferta de Lear de recolocar a 100 empleados de Cervera en su planta de Ávila y a 50 más en su factoría de Valls, una propuesta que la empresa ya había puesto sobre la mesa, junto con la indemnización de 45 días por año.

Los empleados que vayan voluntariamente a estas dos plantas, siempre que su perfil profesional encaje con los puestos que se deba cubrir, recibirán para la vivienda 4.330 euros (720.450 pesetas) de ayuda en el caso de Ávila y 2.165 euros en el de Valls.

El consejero de Trabajo, Lluís Franco, dijo a Efe que el pacto es 'bueno para todas las partes' y destacó que en él 'se fijan compromisos que van más allá de lo estrictamente económico'. Franco se refería al hecho de que Lear, en el punto cuatro del acuerdo, se compromete por escrito a contratar a una firma especializada en recolocar empleados, que 'prestará sus servicios en los siguientes seis meses' a cada baja en la empresa.

La Generalitat asegura que tiene una lista de 90 proyectos empresariales que permitirían recolocar en la comarca a 1.400 personas.

Así, el director general de Relaciones Laborales de la Generalitat, Jaume Abat, valoró que las indemnizaciones equivalen a más de 60 días, debido a esta intermediación para recolocar trabajadores y al coste de la Seguridad Social que asume la empresa: para los empleados que hayan cumplido 55 años de edad y que no cotizaban antes de 1967, Lear 'atenderá el coste del convenio especial con la Seguridad Social que les permitirá mantener sus bases de cotización actualizadas durante el tiempo necesario entre la finalización de las prestaciones contributivas de paro y la fecha en que cumplan 65 años'.

De hecho, a los pocos minutos del anuncio del preacuerdo, todas las miradas se concentraron en la mesa para la reindustrialización de las comarcas de Lleida, que planteó la Generalitat una vez Lear hubo anunciado el cierre de Cervera. 'Ahora, más que nunca, hay que insistir en la reindustrialización de la zona, concretando las ofertas de empresas interesadas en instalarse aquí', declaraba, 'satisfecho', el alcalde de Cervera, Salvador Bordes, en la misma línea que el presidente del Consejo Comarcal de La Segarra, Francesc Buireu. El consejero de Agricultura, Josep Grau, apostó por 'planificar debidamente la reindustrialización de la Segarra, Urgell, Pla d'Urgell, Noguera y Anoia'.

La 'satisfacción' por el preacuerdo expresada por el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, contrastó con la reacción de la oposición. El PSC e ICV acusaron al Ejecutivo catalán de 'tirar la toalla' en el cierre de Cervera, y de haberse limitado a 'gestionarlo', tras tildar el pacto de 'mal menor'. El PP le pidió 'no bajar la guardia' y ERC le reclamó que ninguna otra empresa venga a Cataluña 'en busca de mano de obra barata'.

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