El vicepresidente del Atlético dice que el club pagó a Gil con 'derechos sin valor'

El vicepresidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, mantuvo ayer ante el tribunal que juzga el caso Atlético en la Audiencia Nacional que el club pagó a Gil una deuda de 1.942 millones de pesetas (casi 12 millones de euros) mediante derechos federativos de los jugadores que 'no tenían ningún valor'.

El tribunal del caso Atlético rechazó ayer todas las cuestiones previas planteadas por los abogados de Jesús Gil, su hijo Miguel Ángel Gil Marín y el vicepresidente del Atlético, Enrique Cerezo, el 25 de abril, principalmente referidas a la prescripción de los delitos, y acordó la continuación del juicio. El fiscal adscrito a Anticorrupción, Carlos Castresana, pidió interrogar en primer lugar al vicepresidente del Atlético, Enrique Cerezo, para el que pide 6 años de prisión. Para Jesús Gil pide 17 años y medio y para su hijo, 10 años y medio.

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Cerezo, que a lo largo de todo el interrogatorio se mostró dubitativo, evasivo y olvidadizo, dijo que en 1989 y 1990 la junta directiva votó a favor de reconocer a Gil una deuda de casi 2.000 millones de pesetas, ya que Gil así lo exigió 'por si algún día había posibilidad de cobrarla'.

Ante la transformación de los clubes en sociedades anónimas deportivas, el 22 de enero de 1992, se cedieron a Gil los derechos federativos sobre los 30 jugadores de la plantilla: 'Eran derechos nuevos, que no tenían valor salvo cuando se transfiriese a los jugadores. Si Gil hubiese querido hacerlos efectivos, valdrían cero'. Preguntado por el fiscal si Gil no puso objeción alguna a cobrar una deuda con derechos sin ningún valor, Cerezo respondió: 'Él lo aceptó así'.

Al día siguiente, 23 de enero, el club remitió al Consejo Superior de Deportes (CSD) una escritura en la que se aseguraba que el club no debía cantidad alguna a Jesús Gil y se fijó el capital social exigible al Atlético en 2.062 millones de pesetas.

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Compra de acciones

El resto del interrogatorio se centró en el desembolso por Cerezo, el 30 de junio de 1992, de 650 millones de pesetas para adquirir acciones del Atlético, SAD. El vicepresidente del club dijo que recibió un anticipo del Credit Lyonnais e hizo un depósito para comprar las acciones.

El fiscal exhibio tres documentos, dos de los cuales atribuyen la titularidad de una cuenta bancaria a Cerezo y un tercero la atribuye al club. El fiscal sostiene que Cerezo ingresó el dinero en una cuenta a nombre del club para conseguir el resguardo y presentarlo como justificante al CSD, y que actuó como puente para conseguir financiaicón que acabó en una cuenta particular de Gil. Cerezo dijo que el certificado que atribuye el ingreso a una cuenta del club a su nombre 'está equivocado' o es 'falso'. Sin embargo, tuvo que admitir que vendió sus acciones a Gil tres días después de haberlas comprado, 'al mismo precio' que las había adquirido. El juicio se reanudará el día 14.

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