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COLUMNA

Pasos adelante y atrás

El auto dictado el pasado día 3 por el juez Garzón sobre la red de financiación del nacionalismo radical vinculado a ETA se ha cruzado de manera intempestiva con el debate en torno al anteproyecto de Ley de Partidos que el Gobierno acaba de enviar al Congreso para disolver Batasuna. Las conclusiones provisionales alcanzadas por el magistrado de la Audiencia Nacional a través de la vía penal llegan tan o más lejos que las aspiraciones del Ejecutivo a través de la vía política: 'En el estado actual de la causa no existe ninguna duda para el instructor de que Batasuna forma parte orgánica de la estructura de la organización terrorista ETA-KAS-Ekin'. La diferencia entre ambos recorridos es sólo jurídico-técnica: mientras el Gobierno pretende desarrollar el segundo de los dos procedimientos previstos por el artículo 5 de la Ley de Partidos de 1978 para disolver una organización política (haber incurrido en un ilícito democrático-constitucional), el juez Garzón recurre al primer supuesto -el ilícito penal- mencionado por ese mismo precepto: configurar una asociación ilícita tipificada en el Código Penal.

Dos días después de que los partidos vascos democráticos (nacionalistas o constitucionalistas) suscribieran una Declaración cívica en defensa de la democracia, la libertad y el pluralismo en los municipios amenazados por la doble acción de ETA y de sus organizaciones de apoyo legales o alegales, los dirigentes del PNV reunidos en Pamplona el pasado sábado amenazaban con boicotear la aplicación práctica de ese documento -un paso adelante y otro atrás- si las tentativas en curso de disolver Batasuna por la vía política o por la vía penal no fuesen frenadas en seco. No les resultará fácil a los nacionalistas utilizar la Declaración cívica pactada el 3 de mayo por PNV, EA, PP, PSOE e IU -a fin de someterla luego a la aprobación de los ayuntamientos vascos- para justificar su chantaje.

El documento de la Asociación de Municipios del País Vasco (Eudel) no se limita a condenar 'las acciones terroristas de ETA' contra la vida, la libertad y los derechos humanos. Los partidos firmantes también se comprometen a adoptar iniciativas (incluso judiciales) para el reconocimiento ético, social y material y la solidaridad activa con las víctimas de la violencia, la intolerancia y la extorsión, así como a garantizar 'el libre ejercicio de los derechos de participación y representación política' de los ciudadanos frente a las 'acciones ilegítimas, amenazas, intimidaciones o agresiones' en el ámbito municipal. La Declaración cívica no se anda con rodeos y cita 'a los corporativos del Partido Socialista y del Partido Popular' entre 'los compañeros amenazados, agredidos y asesinados' por la furia asesina y la intolerancia; también acuerda que los principios y compromisos del texto constituyan 'la base política imprescindible para cualquier acuerdo político'. Los hechos descritos en el documento llevan a una conclusión evidente: si los asesinatos terroristas son obra de ETA, la autoría de los ataques a la libertad de expresión, los actos de intolerancia, las amenazas, las intimidaciones y las agresiones en los municipios vascos reiteradamente condenados en la Declaración cívica es imputable a Batasuna y a los demás grupos de sostén del nacionalismo radical.

En cualquier Estado de derecho del planeta, un partido que persiga fines delictivos o que aplique medios delictivos para alcanzar sus metas debe ser disuelto por los tribunales en aplicación del principio de legalidad. Desde hace años, las investigaciones de Garzón parten de una 'interpretación integradora y global del complejo terrorista encabezado por ETA'; el instructor de la Audiencia Nacional había reunido ya abundantes indicios sobre la imbricación de las ramas especializadas de esa constelación criminal (Ekin, Jarrai, Haika, Segi, Saki, Gestoras, Askatasuna) dentro de un mismo tejido organizativo. Según el último auto, 'no existe duda' -a la vista de los indicios económicos y financieros disponibles- de 'la labor política marcada y subordinada' de Batasuna respecto a ETA y de su 'dependencia e integración' en 'la organización terrorista matriz'. ¿Qué harán los dirigentes del PNV cuando esas fundamentadas sospechas -ampliamente extendidas en la sociedad vasca y apoyadas por datos históricos y políticos abrumadores- sean probadas ante los tribunales?

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 8 de mayo de 2002