El fiscal y las acusaciones piden al Tribunal Supremo que aumente el número de delitos en el 'caso Banesto'

La fiscal del Tribunal Supremo, Soledad Cazorla, solicitó ayer al tribunal de casación del caso Banesto, integrado por cinco magistrado de la Sala Segunda, un aumento de los delitos para el ex presidente de la entidad, Mario Conde, y varios de sus colaboradores. Las demás acusaciones particulares y populares, entre ellas el Fondo de Garantía de Depósitos y el propio Banesto, también pidieron la inclusión de algunos delitos que fueron excluidos en la sentencia de la Audiencia Nacional dictada en marzo de 2000.

La fiscal Cazorla, en línea con los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción, que llevó el caso, ha pedido que la operación de retirada de caja de 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros) sea revisada por un error de apreciación de la prueba y por aplicación indebida de dos artículos del Código Penal. En esta operación el único acusado fue Mario Conde. El tribunal de la Audiencia Nacional consideró dicha operación como una apropiación indebida, aunque la declaró prescrita. La fiscal sostiene que al ser un delito continuado, no lo estaba.

Asimismo, la fiscal pide que se revise la Operación Carburos Metálicos en lo que se refiere a uno de los acusados, el financiero Jacques Hachuel. Si bien esta operación fue calificada de apropiación indebida y por ella fueron condenados Conde, Arturo Romaní y Rafael Pérez Escolar, quedó fuera de la condena Hachuel, quien recibió el dinero, 1.344 millones de pesetas de 1990, y lo desvió después a una fundación de Liechtenstein.

El argumento del tribunal de la Audiencia Nacional fue, como en el caso de los 300 millones, la prescripción. Según el tribunal, cuando se citó a declarar a Hachuel como imputado, los hechos ya estaban prescritos.

La fiscal y las acusaciones, apoyándose en la doctrina del Tribunal Supremo, sostienen que Hachuel tuvo mucho tiempo antes de ser formalmente imputado, noticia de su implicación en los hechos. Ya en las primeras declaraciones de los imputados, recordaron las acusaciones, se señaló reiteradamente a Hachuel. Por otra parte, el propio Hachuel ejerció, al iniciarse el procedimiento, como acusación particular y aportó material a la causa.

Por último, la fiscal y las acusaciones solicitan que se revise la sentencia en el apartado de los artificios contables, sobre el cual la Audiencia decidió absolver a los acusados al no apreciar delito.

Fuentes solventes estiman que tanto la operación de 300 millones como la prescripción de Hachuel son los hechos más suceptibles de ser casados. La primera podría aumentar hasta en seis años la pena de 10 años y 2 meses que ya pesa sobre Conde.