El Consell frena el proceso de normalización del valenciano

El Consell ha dado marcha atrás en la política de normalización lingüística: ha eliminado del decreto que regulará la provisión de plazas docentes la acreditación del conocimiento del valenciano para la vía del concurso de traslados, las comisiones de servicios y las sustituciones. Sólo mantiene el requisito para quienes accedan por primera vez al cuerpo de funcionarios. También elimina la 'equivalencia' de la Filología Valenciana y Catalana. Los cambios publicados ayer en el Diari Oficial ponen en riesgo, según la oposición, el Pacte pel Valencià, cuya comisión de seguimiento se reunirá el día 10.

'Las personas que quieran presentarse a las oposiciones para ejercer la docencia en la Comunidad Valenciana deberán acreditar, previamente, tener un conocimiento equivalente al nivel medio que expide la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o al nivel II del Pla de Formaciò Linguisticotècnica en Valencià'. La frase la pronunció hace casi un año el consejero de Educación, Manuel Tarancón, en las Cortes. Tarancón confirmaba así el anuncio que días antes había hecho el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, quien aseguró que el Consell exigiría el requisito lingüístico en las siguientes convocatorias a la función pública.

Las promesas, que merecieron las felicitaciones de la Federació Escola Valenciana y de otros sectores que reclaman la aplicación de una norma que consideran vital para fomentar el uso del valenciano, se confirmaron en julio pasado con la firma, entre el PP y el PSPV, del Pacte pel Valencià, que permitió la constitución de la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Pero el decreto aprobado este 25 de abril por el Consell y publicado ayer en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana introduce cambios sustanciales: elimina la acreditación del conocimiento del valenciano del 80% de los actos administrativos para la provisión de plazas de Secundaria por la vía del concurso de traslados, comisiones de servicio y contrataciones temporales. Elimina también las disposiciones transitorias que obligaban a los funcionarios de carrera que carecieran de la acreditación a 'reunir las condiciones en un plazo de cinco años'.

Este giro recibió ayer las críticas de los grupos de la oposición y de los sindicatos. El portavoz de adjunto del PSPV en las Cortes Baltasar Vives aseguró que 'no es soportable que el Gobierno valenciano del PP haga lo anunciado'. Si lo hiciera, 'los socialistas se plantean, incluso, la continuidad en el Pacte'. Por su parte, Ramon Cardona, de Esquerra Unida, dijo que le sorprendía 'tanta descoordinación en el Consell' y consideró que el decreto supone una 'regresión', aunque matizó que no le sorprende la actitud del PP que, según añadió, 'incumple sus pactos de forma arbitraria'.

Los sindicatos instarán a los Grupos Parlamentarios del PP, PSPV y EU, a que exijan la comparecencia de Zaplana o de Tarancón. Las Cortes, subrayó Vicent Esteve, del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (STEPV), tienen la obligación de garantizar el cumplimiento del Estatut d'Autonomia y de la Llei d'Ùs i Ensenyament del Valencià'.

Los socialistas encontraron en el decreto un argumento añadido para la petición que el lunes cursaron a los populares para reclamar una reunión de la comisión de seguimiento del Pacte. La reunión ha sido convocada para el viernes 10 de mayo. Vives planteará dos cuestiones que ya estaban previstas -el acuerdo sobre la creación de una comisión parlamentaria no legislativa de seguimiento del Pacte y su calendario de aplicación-, a la que añadirán la referente al reciente decreto.

'Todas las acciones que el Gobierno ha hecho en este tiempo han ido en la línea contraria a lo que constituye el objetivo principal del Pacte, que es la promoción del uso del valenciano', dijo Vives. El Consell 'no ha hecho más que poner arena en el engranaje', añadió, 'cada gesto va en contra'. Vives citó en este contexto el decreto sobre los autores, la lista de palabras que el Consell envió a la Acadèmia de la Llengua y el anuncio de excluir la titulación en Filología Catalana que expiden las universidades como vía para superar el requisito lingüístico, razones suficientes, dijo, para hacer 'tambalear' el Pacte. Por su parte, la portavoz popular de Educación, María Barrieras, dijo que 'un Gobierno consecuente debe velar por los derechos de todos los ciudadanos del territorio', en alusión a las tensiones existentes en el seno del PP entre los grupos más reacios al pacto lingüístico y aquellos que lo propiciaron. La Associació d'Editors mostró su 'preocupación por este nuevo intento de crispar a la comunidad educativa y al mundo cultural'.