Cinco procesados por los votos falsos en la Cámara de Comercio malagueña

Cuatro años después de que se detectaran falsificaciones en los votos por correo de la Cámara de Comercio de Málaga y tras un parón de 12 meses, cinco acusados se sentarán a partir del próximo martes día 7 en el banquillo acusados de un delito continuado de falsedad en documento oficial. El proceso lleva dos años en un laberinto judicial a raíz de que la Fiscalía elevara la pena para el quinto imputado, un notario que según su calificación no tuvo una actuación meramente imprudente, sino culposa. Ahora pide para el fedatario público cinco años de cárcel por el mismo delito.

Las idas y venidas de la causa marean a cualquiera. El juicio comenzó en un juzgado penal en febrero de 2000. El ministerio público pedía dos años y tres meses de cárcel y una multa de 10 meses a razón de 3.000 pesetas diarias para los empresarios, entre ellos el ex vicepresidente de la Cámara, Francisco Repiso, por un delito continuado de falsificación en documento oficial; y suspensión de empleo durante nueve meses así como multa de diez meses a razón de 4.000 pesetas para el notario por su proceder negligente.

Cuando la vista llevaba varias jornadas, el ministerio público modificó su calificación porque entendió que la actuación del fedatario público, que certificó documentos sin cotejarlos con los originales, fue adrede. Al elevar la pena a cinco años de cárcel, otros tantos de inhabilitación y veinte meses de multa con la misma cuota diaria, el juzgado tuvo que inhibirse a favor de la Audiencia Provincial.

El tribunal tardó un año en resolver que el juicio tenía que acabar donde había comenzado. Así que en abril de 2001 se reinició en el juzgado de lo penal 3. Finalmente, las partes renunciaron a las pruebas pendientes para no dilatar más el proceso y la juez, Carmen Mira, volvió a declararse incompetente. Un año después, el caso llega a la Audiencia para ser juzgado.

Según el relato que lleva la Fiscalía a la vista que se celebrará el martes, Repiso, el abogado y vocal de la Cámara Javier Taillefer, un taxista y el dueño de un bar 'con el fin de obtener un mayor número de votos' -ya que entonces los cuatro formaban parte de la institución- se hicieron con fotocopias de documentos de identidad de electores y de apoderamientos de sociedades electoras y tras obtener solicitudes de voto por correo, 'sin su consentimiento ni conocimiento imitaron ellos mismos o personas desconocidas su firma'.

Después, acudieron a la notaría de Ildefonso Casasola que -junto a otro fedatario que también estaba imputado pero que ya ha fallecido- certificó que tanto los DNI como las escrituras de apoderamiento de las sociedades coincidían con los originales pese a que en realidad no fueron cotejadas en ningún momento.