El Constitucional admite a trámite la Ley de Universidades y la de 'déficit cero'

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos contra la Ley de Universidades, presentados por el PSOE, Izquierda Unida y Grupo Mixto y los Parlamentos de Andalucía y Navarra, y contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria o de déficit cero, promovidos por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña y el Gobierno de Asturias. El TC estudiará si ambas leyes, que fueron aprobadas por las Cortes en diciembre, se sujetan al marco constitucional o incumplen alguno de sus preceptos como alegan los recurrentes.

La decisión del tribunal ha sido enviada al Congreso y al Senado y al Gobierno para que puedan personarse en el proceso y formular sus alegaciones en el plazo de 15 días. Los grupos parlamentarios del PSOE, IU y Mixto, donde se agrupan el Bloque Nacionalista Galego, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya-Verts, Chunta Aragonesista, Partido Andalucista y Eusko Alkartasuna, presentaron el recurso de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la LOU el pasado 21 de marzo por considerar que la norma vulneraba la autonomía universitaria e invadía competencias autonómicas.

El recurso contenía los aspectos de inconstitucionalidad señalados en el dictamen encargado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), así como el informe del Consejo Consultivo de Cataluña, además de otras comunidades donde gobiernan los socialistas. Los Parlamentos de Andalucía y Navarra alegaron también que la ley violaba las competencias autonómicas tienen en materia de enseñanza y recortaba la democracia interna universitaria. Los Gobiernos de Castilla-La Mancha y Baleares plantearon también recursos sobre los que el TC no se ha pronunciado aún.

El TC también ha acordado admitir a trámite los recursos presentados por la Generalitat de Cataluña, por el Parlamento catalán y por el Gobierno de Asturias contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria y su ley de acompañamiento, que también recurrió el PSOE. La Generalitat aduce que la ley del déficit cero suponía una 'grave limitación de la autonomía financiera' de comunidades y ayuntamientos.