Al menos que respete la civilización

La guerra es la continuación de la televisión por otros medios, afirmaría Von Clausewitz de haber vivido un siglo y medio después. Venezuela nos acaba de ofrecer un ejemplo de cómo utilizando la televisión como herramienta de propaganda se puede convertir una manifestación en un golpe de Estado. La receta ha sido tan simple como mostrar únicamente imágenes de las protestas anti-Chavez (centro de la ciudad, barrios adinerados), obviando las de signo contrario ( barrios periféricos obreros y pobres), y asegurar que eran francotiradores chavistas los que mataron a una docena de personas en el centro de Caracas.

La television mostraba toda la población en contra del presidente y, en su loca resistencia, los chavistas asesinando al pueblo que pacíficamente se manifestaba. Conclusión, el gobierno de Chávez ha perdido toda legitimidad y está justificado desalojarlo del poder. La película se podría titular La televisión contra la democracia. Eduardo Galeano lo apuntala: 'Ya no es necesario que los fines justifiquen los medios. Ahora, los medios masivos de comunicación, justifican los fines de un sistema de poder que impone sus intereses a escala planetaria'.

Salvando las distancias, de Venezuela a estos parajes apenas hay un paso. Aquí tambien encontramos secuencias de la misma película. Cuando la televisión manipula la información y no es plural, cuando niega el debate social y político y fomenta el adocenamiento y la irreflexión, cuando hecha por tierra horas y horas de trabajo de los educadores en las escuelas, cuando alimenta principios que nada tienen que ver con la igualdad, la libertad o la solidaridad, en ese momento, la televisión es un enemigo de la democracia. Y esto pasa en España. Y esto pasa, y mucho, en el País Valenciano.

Hace unos días, el grupo parlamentario socialista presentó ante las Cortes Valencianas un proyecto de Consejo Superior del Audiovisual (CSA) autonómico. Todos los países de la Unión disponen de estos organismos. Autoridades independientes dedicadas al control y seguimiento de los medios audiovisuales. En Francia desde hace trece años, el famoso CSA. En Cataluña, hace cuatro. El resto de España, no sabe, no contesta. Algo tarde pero bienvenido sea el mencionado proyecto. Abre una puerta a la esperanza de ver cómo los medios audiovisuales se entienden como un producto cultural e informativo en sí mismos, más allá de ser un simple producto de consumo o una herramienta de promoción política o económica.

Las competencias sancionadoras que el proyecto otorga al futuro Consejo, que pueden llegar al cierre de una cadena que reiteradamente incumpla la ley, han levantado voces de alarma; algunas desde la prudencia, otras desde el desconocimiento y otras, desde el alboroto partidista y necio. Nada de lo que consta en el proyecto socialista es nuevo. La posibilidad de llegar al cierre de una cadena se contempla entre las competencias de buena parte del más de un centenar de estos consejos que funcionan en todo el mundo. Nada que ver con la censura previa. Se sanciona sobre actuaciones concretas y reiteradas. Cosa que, por otro lado, ya se hace ahora ¿O es que alguien piensa que no se puede retirar la concesión a una cadena que se dedique sistemáticamente a defender valores y principios contrarios a los de la Constitución de 1978, la xenofobia, por ejemplo, o los crímenes de ETA?

Hoy la competencia en cuestión está en manos de la dirección general correspondiente del gobierno de turno; pues bien, de existir el Consejo, se convertiría en la instancia competente. Nada más. En caso de disconformidad con sus actuaciones siempre quedaría la posibilidad de apelar a los tribunales, como ahora.

Adolece el proyecto del PSPV de lagunas que es preciso considerar. En primer lugar, la concesión de licencias de radio y televisión dependientes de la Generalitat Valenciana se mantiene en manos del Gobierno y se habla sólo de informes del Consejo previos a la concesión. En esto se ha copiado el discreto modelo catalán. En Francia la concesión misma la da el CSA.

En esta misma línea timorata, la proposición de ley de los socialistas hurta al Consejo una competencia básica, más aún si tenemos en cuenta la experiencia en el País Valenciano desde 1989, que es la de nombrar al máximo responsable de los medios públicos de radio y televisión. En Francia, el director general de la radio y televisión pública del país es nombrado por el CSA.

El proyecto socialista no hace ninguna referencia a este tema porque, en la línea de lo que defiende el PSOE en Madrid, apuesta por que sean las Cortes Valencianas las que elijan al director general por una mayoría cualificada. Sería un avance de no existir el Consejo pero con éste en marcha se convierte en un craso error. Por un lado se vuelve a entrar en los (des)equilibrios partidistas que tan peligrosos se han demostrado y, por otro, se crea un germen de conflicto. Si el Consejo sale de las Cortes por mayoría cualificada y el director general de la radiotelevisión pública también, las dos instancias se sitúan en idéntico nivel y la labor de control de la autoridad audiovisual queda abiertamente en entredicho.

Más allá de esto se podría haber apostado por dar capacidad al Consejo para nombrar a una parte significativa de los miembros de los consejos de administración de las cadenas públicas y tener un representante en las privadas. Tampoco es nada nuevo. Se trata de una competencia que sí tienen distintos de estos organismos en Europa.

Por otro lado, y sin entrar al detalle, se echa en falta también en el proyecto presentado por el grupo socialista alguna referencia a la participación social en el Consejo. En la mayoría de países de nuestro entorno esto se resuelve con la creación de consejos asesores de una cierta amplitud que integran a colectivos relacionados con los medios y su labor.

La televisión no puede malbaratar la democracia. Debe estar a su servicio. Una televisión de calidad contribuye, potencia una democracia de calidad. Nosotros, en esto de la televisión, nos parecemos más, por ejemplo, a Colombia que a Francia. Pero en ambos casos estamos por debajo de su nivel. En Colombia también hace años, desde 1991, que funciona un Consejo del Audiovisual con amplios poderes. Ha apostado el PSPV por que no sea el CSA quien elija el director general. Como mal menor, nosotros recomendamos que se siga el consejo de Karl Popper para los responsables de la televisión y que se obligue a ese directivo a jurar que, como mínimo respetará la civilización.

Josep López y Julià Álvaro son periodistas.