Columna
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Pero Grullo

El informe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía relaciona el aumento de la criminalidad en Andalucía con 'la precariedad laboral y la marginalidad social' que padecen los inmigrantes. Para la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía se trata de una opinión poco matizada; Izquierda Unida ha solicitado la comparecencia del fiscal en el Parlamento; y la consejera de Justicia, Carmen Hermosín, considera intolerable identificar la inmigración con la delincuencia. Estoy de acuerdo con ella. Lo menos que se espera de la izquierda es que reaccione así cuando alguien trata de achacar a la inmigración un problema -la delincuencia- causado en realidad por la incompetencia de quien gobierna.

No obstante, lo que el informe de la Fiscalía relaciona con la delincuencia no es la inmigración en sí, sino la precariedad laboral que la caracteriza y la marginalidad social en que viven los trabajadores extranjeros; condiciones ambas provocadas por las desastrosas políticas de inmigración que han llevado a cabo los últimos ministerios del ramo. Los más recientes del PP han puesto las cosas tan crudas que muchos de los que vinieron a trabajar han sobrevivido gracias al pequeño delito; un término por cierto demasiado amplio, que incluye tanto el robo con intimidación como la venta ambulante. La Fiscalía sí matiza: reconoce que el inmigrante es víctima de delitos mucho más graves que los que comete, y recomienda la integración social como el mejor modo de controlar los flujos migratorios. Ya me gustaría a mí que este Gobierno matizara la mitad.

Si Aznar tuviera dos dedos de frente, en vez de contar los inmigrantes que hay en la cárcel subrayaría los beneficios que producen los que están fuera. Criminalizar directa o indirectamente la inmigración, ignorar sus condiciones, no mover un dedo para mejorarlas y callarse ladinamente sus bondades es preparar el terreno para que alguien proponga pasado mañana acabar con la inseguridad ciudadana aniquilando a los inmigrantes: nuestro Le Pen.

Pero estos tipos del PP están ciegos y tiran piedras contra su propio tejado. Lo único que les preocupa es encontrar un culpable que justifique el fracaso de su política. Menos mal que tienen a los inmigrantes: otro beneficio más. Si el Gobierno no pudiera recurrir a ellos para explicar el aumento de la delincuencia, tendría que reconocer su mala gestión y declarar sin ambages que su Ley de Extranjería no ha solucionado ningún problema: siguen viniendo sin permiso personas que no pueden trabajar legalmente y que posiblemente delincan para sobrevivir; algunas siguen siendo contratadas como mano de obra barata; y muchas siguen viviendo en condiciones miserables que a su vez invitan al delito.

En esta situación, señalar, como hace la Fiscalía, que la marginalidad de la inmigración está relacionada con la delincuencia no parece una indignante afirmación sin matices, sino una verdad de Pero Grullo, que a la mano cerrada llamaba puño; una acusación, eso sí, a nuestros gobernantes nacionales y regionales, que carecen de una política seria para afrontar un hecho que definitivamente les ha superado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 28 de abril de 2002.

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