Los retrasos en las notificaciones reducen la duración de los permisos de residencia

Los permisos de residencia concedidos por el Ministerio del Interior en el último proceso de regularización por arraigo tienen una vigencia de un año, pero los extranjeros que los consiguen ven reducida su validez en varios meses. Según denuncian las asociaciones de inmigrantes, la Administración envía 'sistemáticamente' la notificación de la concesión con varios meses de retraso desde su adopción, con lo que el extranjero dispone de documentación acreditativa de su residencia en España por un periodo mucho menor de lo estipulado. La ley obliga a notificar las resoluciones en el plazo máximo de diez días.

Los permisos de residencia que se conceden en virtud del último proceso tienen una vigencia de un año, plazo que comienza a contar desde la fecha que consta en la notificación. Según las asociaciones, en la mayoría de los casos esa notificación es recibida por el solicitante con un retraso de varios meses, tiempo en el que el extranjero ve efectivamente recortado su tiempo de residencia legal en España.

La mera notificación es suficiente para acreditar que el permiso se ha concedido, pero, según las asociaciones, los empresarios no suelen aceptarla como documentación válida y exigen la tarjeta de residencia para dar empleo a los inmigrantes. Sin embargo, este documento llega aún con más retraso. Normalmente la citación que se recibe junto a la notificación obliga al interesado a presentarse en comisaría dos o tres semanas después de la recepción de la carta, con lo que el extranjero deberá esperar aún alrededor de un mes hasta que se le entregue la tarjeta de la que disfrutará por mucho menor tiempo de lo esperado.

En el último proceso de regularización la mayoría de los solicitantes acreditaron el arraigo con una oferta de trabajo. Todas esas personas deberán cotizar al menos seis meses a la seguridad social para poder optar a la renovación de sus permisos. Con el acortamiento efectivo de la duración del permiso, el extranjero tiene menos tiempo para encontrar un empleo que le permita cumplir con ese requisito. Diego Lorente, abogado y coordinador de Sos Racismo en Madrid, asegura que en algunos casos la notificación se ha recibido cuando faltaba menos de seis meses para la expiración del permiso.

Lorente explica que es difícil convencer a los extranjeros de que deben recurrir. 'Están tan felices con su permiso de residencia que no se dan cuenta del robo que les han pegado', afirma el letrado. 'Es un problema de dejadez de la Administración', explica José Luis Rodríguez, de Andalucía Acoge. 'No echamos la culpa de los retrasos a las personas que tramitan los expedientes, sino al ministerio, que no pone los medios necesarios', añade.

El reglamento de extranjería obliga a resolver los expedientes en tres meses desde la presentación de la solicitud. En el último proceso extraordinario la fecha límite para presentar solicitudes fue el 1 de agosto de 2001 pero todavía están pendientes de resolución un 7% de los casos.

La Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración considera que se trata de 'un problema de gestión' y se niega a valorar el asunto.