El Gobierno ordenó el año pasado la expulsión de 44.841 inmigrantes

El Gobierno ordenó expulsar, denegar la entrada en España o devolver a su país a 44.841 inmigrantes irregulares durante el año pasado. La cifra supone un incremento de casi 10.000 personas respecto a 2000. Durante la presentación de estos datos en el Congreso de los Diputados, el delegado para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, no especificó el número de las expulsiones 'dictadas' que se llevaron a efecto.

Las denegaciones para entrar en España pasaron de 6.181 el año pasado a 8.881 este año. La mayor parte se produjeron en el aeropuerto de Madrid-Barajas, y el mayor número de rechazados fueron colombianos. En cuanto a las devoluciones, permanecieron casi inalterables: de 22.716 pasaron a 22.948, la inmensa mayoría (21.454) de ciudadanos marroquíes. Por lo que respecta a las expulsiones, su número se ha doblado: de 6.579 el año pasado se llegó a 12.976 en 2001. Pero esta cifra se refiere a las expulsiones 'dictadas'; el secretario de Estado no precisó las efectuadas. El mayor número de receptores de estas órdenes de expulsión fueron marroquíes.

Durante su comparecencia ante la comisión de Justicia e Interior, Fernández-Miranda señaló que, a 9 de abril, han sido asignados a las organizaciones empresariales que lo han solicitado el 75,4% (6.515) de los puestos de trabajo estables previstos en el contingente de extranjeros de este año. Las profesiones más solicitadas han sido: albañiles y mamposteros (1.342) y asistentes domiciliarios (830).

En cuanto a los puestos de trabajo de temporada, el Gobierno ha autorizado 7.726 ofertas, lo que supone el 36% del total. De ellas, 6.728 corresponden al sector agrario, 462 a la industria en general y 253 a ganadería.

En su balance, el delegado del Gobierno hizo hincapié en los datos policiales: 362 redes de tráfico de seres humanos fueron desarticuladas, 18.517 personas fueron detenidas en el Estrecho y en Canarias, Inspección de Trabajo ha impuesto sanciones por valor de 6.120 millones de pesetas... Su mensaje ('el Gobierno combate la inmigración ilegal y potencia la legal') conectó con la reinvindicación del tratamiento policial de la inmigración publicitado desde el PP y desde el Gobierno como vacuna contra el surgimiento de movimiento xenófobos, tras el éxito de Jean Marie Le Pen en Francia.

En este sentido, Fernández-Miranda se preguntó si el PSOE 'seguirá defendiendo su política de puertas abiertas' para los inmigrantes. La diputada Delia Blanco le respondió que ni el PSOE ni su grupo parlamentario propugnan esa política, 'sino el cumplimiento escrupuloso de la Ley de Extranjería'. A lo que Fernández-Miranda replicó: 'A ver si Consuelo Rumí, Diego López Garrido, José Bono, Joan Clos o el propio José Luis Rodríguez Zapatero dicen lo mismo'.

La responsable de políticas sociales y migratorias socialista, Consuelo Rumí, manifestó: 'Afirmar que el PSOE, y en concreto algunos de sus dirigentes, entre los que me encuentro, hemos defendido alguna vez una política de puertas abiertas es lisa y llanamente una falsedad que confirma que al delegado del Gobierno como un consumado intoxicador de la opinión pública'.

En respuesta a una pregunta sobre el cierre del régimen general para solicitar la regularización, el delegado del Gobierno replicó: 'No existe ningún régimen general. Es un término coloquial que no tiene cobertura legal'. Y reiteró que 'no habrá forma alguna, salvo las excepciones de la ley, de formalizar contratos a los inmigrantes en situación irregular'. El diputado del PSOE Jordi Pedret le acusó de infringir la Constitución y de condenar a numerosos inmigrantes a 'una irregularidad permanente y eterna'.