Arresto domiciliario
Ha pasado ya tiempo suficiente desde la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal y aunque no hemos dejado de insistir, de regatear incluso en las correcciones que precisa, siguen siendo muchos los sometidos a un trato que ya ni siquiera el código penal recoge: cientos de personas discapacidad viven en arresto domiciliario.
Cuando se sale a la calle con normalidad y el movimiento en espacios abiertos es un hecho corriente, rutinario, resulta fácil olvidar a quienes viven en permanente monacato sin vocación, divorciados del mundo por mor de una escalera. ¿Qué acogida tendría el anuncio de una ley que obligara a los ciudadanos a pedir permiso a sus vecinos antes de entrar o salir de su propia vivienda y que sólo fuera posible hacerlo con la aprobación de la mayoría?
El sentido común y los logros en justicia social han ido ayudando a que una medida de semejante naturaleza nos resulte irreal, rayana en el esperpento. Pero en ocasiones el número deja de ser sólo un cuantificador y se convierte en un valor moral cualitativo y discriminador en esencia: resultaría impensable someter a 40 millones de personas a unas condiciones de vida que incluyeran la posibilidad del encierro sin delito previo, pero se sigue tolerando la aplicación de una norma que impide salir a la calle con normalidad a personas con problemas de movilidad, preferentemente en silla de ruedas. Esta apreciación, por la que lo justo o no de una medida lo determine no ya la naturaleza del hecho en sí sino el número de personas afectadas, se desprende del desdén con que todos los representantes políticos han acogido la sugerencia solicitada desde CAMF para que suprimieran la necesidad del consentimiento de la mayoría de los vecinos a la hora de colocar una rampa o ayuda técnica para entrar en la vivienda contemplada en la Ley de Propiedad Horizontal.
La propia Secretaria General de Asuntos Sociales, Concepción Dancausa, rectificó a tiempo para no llevar a cabo su promesa 'los vecinos con discapacidad física que tienen la necesidad de eliminar barreras arquitectónicas deben tener alguna prioridad y el Ministerio apoyará positivamente esta iniciativa' formulada en Sevilla en rueda de prensa el día 13 de septiembre de 2000. Solamente el Defensor del Pueblo Andaluz tiene interés en reformar esta norma considerando que las obras son necesarias y deben ser sufragadas por la comunidad. Por el contrario, su homólogo nacional no considera que la LPH sea inconstitucional ni vulnere derechos fundamentales relacionados con la vivienda tales como el derecho a la dignidad humana, a la libertad de circulación, de residencia. Sinceramente, no sabemos qué nombre dar en nuestras pesadillas a esta forma de reclusión por la que hay ciudadanos convertidos en rehenes de sus vecinos que deben buscar la felicidad en las reducidas costumbres que sus metros cuadrados le permitan. El derecho a una vivienda digna y adecuada del artículo 47 de la Constitución debería advertir, en letra pequeña, que en ocasiones 'es para toda la vida y sin salir de ella'.
La posibilidad de paliar de algún modo la postración de un semejante debería hacerles dudar a esos vecinos insolidarios antes de ejercer su legítimo derecho al veto, con la trampa en la mano; antes de comprobar hasta qué punto se puede practicar la inmoralidad sin quedar fuera de la ley y ser tramposo sin llegar a delinquir. Lo malo es que en este juego quien pierde no sale para contarlo. En tal caso, se es víctima de la agilidad, la fuerza y la diligencia que acaban siendo la crisálida de la que sale un vecino obcecado en guardar a toda costa la estética del portal, o preservar la antigüedad de una puerta, o defender que siga entrando más luz por la cocina. Cuando la ley respalda semejantes argumentos uno no sabe cómo hacer frente a esta especie de inquilinos que no se dan por aludidos nunca, seguros de conocer el futuro de memoria y de que caerse por accidente o doblegarse con la edad no va con ellos. Ojalá no fuera con nadie, pero en ocasiones el porvenir es tan inamovible como el pasado, sobre todo si ni siquiera nos dejan salir de casa para cambiarlo.
Gonzalo Rivas Rubiales es secretario general de la Confederación Andaluza de Minusválidos Físicos, CAMF.
