La Asamblea pide un informe jurídico sobre las pensiones de los diputados

La Mesa de la Asamblea de Madrid, órgano de gobierno del Parlamento madrileño, acordó el pasado 15 de abril pedir a la asesoría jurídica de la Cámara regional que elabore un informe sobre el denominado acuerdo de pensiones, aprobado por la misma Mesa el pasado 18 de julio. Este acuerdo permite completar, hasta el máximo legal, la pensión a los diputados que lo sociliten cuando se jubilen.

El presidente de la Asamblea, Jesús Pedroche, responde así a un escrito de la Presidencia del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón que recoge, a su vez, la petición del colectivo de funcionarios Manos Limpias. Fuentes de IU confirmaron que su grupo estudiará en breve la modificación del acuerdo que permitía a los diputados madrileños gozar de la jubilación máxima sólo con haber estado presentes en dos legislaturas (el resto de trabajadores debe cotizar durante 35 años).

El denominado Sindicato Manos Limpias se acogió al derecho de petición y se dirigió al presidente de la Comunidad exigiendo que se anulara el acuerdo sobre pensiones. En su petición, la organización de funcionarios argumentaba que el acuerdo era un 'abuso del derecho', que rompía el principio de igualdad ante la ley e incumplía la normativa sobre pensiones que se aplica a todos los trabajadores.

El acuerdo tomado por unanimidad en la Asamblea poco tiene que ver con otros acuerdos parecidos. Así, mientras en el Congreso y en el Senado es la Mesa quien estudia cada año cada caso particular, y establece una compensación de un máximo de 1.500 euros siempre que se demuestre que el solicitante carece de otros ingresos, en el acuerdo adoptado por la Asamblea madrileña se faculta a la Mesa a conceder a los diputados que lo soliciten el máximo establecido por la ley, más de 1.800 euros mensuales, sólo con haber sido diputado en dos legislaturas.

El gabinete del presidente de la Comunidad de Madrid remitió al presidente de la Cámara, Jesús Pedroche, las denuncias formuladas por Manos Limpias, que obran también en manos del fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.