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El Consell asume las propuestas universitarias sobre el decreto de contratos de la LOU

El giro en la política universitaria del Consell anunciado recientemente por el presidente Zaplana en aras de la normalidad tuvo ayer un primer eco en la reunión del Consejo Interuniversitario. La Administración se mostró 'receptiva' a asumir la propuesta de cambios presentada conjuntamente por los cinco equipos rectorales de las universidades públicas valencianas al proyecto de decreto de retribuciones y contrataciones definido en la controvertida Ley Orgánica de Universidades (LOU), que entró en vigor el 20 de enero. La consejería aceptó, en paralelo, abrir la negociación de cómo se pagará el sobrecoste del 49% de la contratación de la plantilla docente e investigadora fijado por ley.

'La Dirección General de Universidades ha asumido las modificaciones más importantes', precisó a la salida del Consejo de más de tres horas de duración, el rector de la Universidad de Valencia, Francisco Tomás. Tomás puntualizó que 'las modificaciones del texto son fruto del trabajo conjunto de los vicerrectores del área del Profesorado'. La elaboración de este documento, que rebaja la rigidez contractual impuesta tanto por la LOU como por el proyecto autonómico de decreto, está, sin embargo, 'todavía por fijar, pero lleva camino de concretarse', señaló Tomás. Una posición en la que coincidieron el vicerrector de la Politécnica, Eliseo Gómez-Senent, y, de manera velada, su rector Justo Nieto.

'No sé si podremos contratar al profesorado, porque el listón es tan alto', ironizó Gómez-Senent en referencia a los criterios, limitaciones de renovación de los contratos y sistema de acreditación impuesto por la LOU para las nuevas siete categorías de profesores doctores y no doctores, ayudantes, visitantes, colaboradores y eméritos que limita su estancia a cuatro años. Los cambios propuestos por los rectores giran, fundamentalmente, en dotar de cierta estabilidad laboral a la plantilla de contratados que por ley tendrá que ser el 49% de cada plantilla docente e investigadora de cada universidad, limitando la funcionarización del cuerpo al 51% restante.

Este sistema de contrataciones supone un sobrecoste económico importante que, según las universidades no es asumible 'si no se aplica con rigor el Plan Plurianual de Financiación [pactado con el propio Consell en 1999]', matizó el rector Tomás, por la mañana ante la junta de gobierno.

Con todo, el director general valenciano, Salvador Forner, aseguró anoche que emprenderá una ronda de negociaciones bilateral para conocer la situación 'de partida' de cada rectorado, ya que hay univesidades como Alicante y Valencia con una plantilla estable, que hace que el capítulo 1 de personal se coma prácticamente todo el presupuesto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 24 de abril de 2002