El Gobierno deja fuera del traspaso de las políticas de empleo la cogestión del PER

Una reunión en Madrid entre altos funcionarios de la Junta y el Gobierno sirvió ayer para desbloquear la negociación sobre el traspaso de las políticas activas de empleo, pero poco más. El consejero de Empleo, José Antonio Viera, indicó que el encuentro fue 'cordial en las formas, pero decepcionante en el fondo'. La negociación se ramificará ahora en cinco grupos que empezarán a trabajar en la primera quincena de mayo, pero un portavoz del Ministerio de Administraciones Públicas indicó que el Gobierno no está dispuesto a incluir en la discusión la cogestión del Plan de Empleo Rural, como exige la Junta.

El Gobierno central financia cada año con 120 millones de euros el Plan de Empleo Rural (PER) en Andalucía (que también se aplica en Extremadura), con el que se subvencionan obras de infraestructuras en los pueblos, con contratación preferente de jornaleros. El plan se ideó en 1984 para completar las peonadas que necesitan los trabajadores eventuales del campo para tener acceso al subisidio agrario. La reforma de este subsidio, planteada la semana pasada por el Ministerio de Trabajo, ha puesto en cuestión si el PER seguirá en los mismos términos o si desaparecerá. En cualquier caso, la Junta había exigido la cogestión de estos fondos dentro del traspaso de las políticas activas de empleo, algo que ayer el Gobierno ya descartó. 'Éste no es el foro adecuado para negociar ese tema', indicó un portavoz de Administraciones Públicas, quien señaló que la intención del Ministerio es ofrecer a la Junta una transferencia similar a la que ya recibió Extremadura, en la que no estaba incluida la cogestión del PER. En la Consejería de Empleo, la negociación con Extremadura se considera un mal precedente.

El titular de Empleo, José Antonio Viera, tras ser informado del contenido de la reunión por el viceconsejero, Antonio Fernández, recalcó que la Junta reinicia las negociaciones 'sin ningún optimismo'. Viera, además de recordar que el traspaso ha sido anunciado ya por tres ministros de Trabajo en los últimos cinco años sin llegar luego a concretarse, lamentó que el Gobierno no presentara ayer 'ningún escrito que acredite lo que habíamos pactado a primeros de marzo de 2001'. En aquellas fechas, el consejero de Empleo anunció que había llegado a un pacto técnico con el Ministerio que incluía, entre otras cosas, la cogestión del PER.

En ese pacto técnico de hace un año, se acordaba el traspaso de 1.627 funcionarios, 190 oficinas de empleo, 12,6 millones de euros para gastos corrientes e inversiones anuales y un sólo pago de 6 millones para remodelaciones inacabadas. Unas cesiones que permitirían a la Junta gestionar los casi 250 millones anuales que se destinan a Andalucía para políticas activas de empleo (escuelas-taller, casas de oficio y talleres de empleo entre otras iniciativas).

Aparte de la cogestión del PER, los mayores escollos que espera Viera se centran en la valoración y coordinación del sistema de informática, la cesión del centro nacional de formación de Marbella y la creación de una comisión bilateral que gestione cualquier decisión sobre políticas activas de empleo hasta enero de 2003, informa Efe.