Desarraigados a la fuerza
Abogados de asociaciones de inmigrantes denuncian resultados injustos en el último proceso de regularización por arraigo
Elvia es el nombre figurado de una colombiana que vive desde hace casi tres años en el barrio madrileño de Carabanchel y a la que el Estado no ha querido reconocer la residencia en el último proceso extraordinario de regularización por arraigo, a pesar de que su hijo Santiago, un bebé de 20 meses, tiene ya su propio DNI español. Elvia entregó su solicitud de permiso de residencia el 28 de junio de 2001 junto con una fotocopia de su pasaporte en el que consta que entró en España el 1 de agosto de 1999, el contrato de apertura de una cuenta bancaria, un certificado del empadronamiento en Madrid y la fotocopia del documento de identidad de su hijo.
El pasado 5 de noviembre recibió una notificación de la Jefatura Superior de Policía de Madrid en la que se le denegaba la residencia 'al no haber podido demostrar suficientemente el arraigo [oferta laboral, vínculo familiar o anterior residencia]', como decía el propio documento. Con un hijo español a su cuidado, la colombiana no creyó necesario acreditar que tanto su marido como sus dos hijos mayores (de 12 y 14 años) estaban ya regularizados. 'Ahora soy la única sin papeles de la casa', cuenta con sentido del humor. 'Seguro que no me los han dado porque no presenté una oferta de trabajo', añade demostrando su desconocimiento de las reglas del último proceso extraordinario de regularización.
'¿Quién puede tener más arraigo en España que el padre de un español?'
'A veces el permiso sólo permite trabajar en sectores para los que no se solicitó'
'Les rechazan la residencia argumentando que al ser sus hijos españoles deberían acogerse al régimen comunitario de regularización', explica María Martínez, abogada de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), que asegura haberse encontrado con otros casos como el de la colombiana. 'El problema es que en el régimen comunitario para obtener la tarjeta de residencia los solicitantes, que en este caso son los padres, deberían depender económicamente del ciudadano comunitario, es decir, de su hijo español, cuando lo normal es que sean los hijos los que dependen de los padres', argumenta la abogada.
Ocho meses después de que se cerrara el plazo de presentación de solicitudes (el 31 de julio del año pasado), los abogados de las principales asociaciones de inmigrantes ponen de manifiesto las trabas y los inconvenientes por los que han tenido que pasar los extranjeros que se acogieron a esta última oportunidad de obtener los ansiados papeles sin tener que volver a sus países de origen.
Con todavía cerca de 25.000 expedientes sin resolver, el delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, dio por terminado el 16 de abril el cuarto y, según dijo, último proceso extraordinario de regularización para todos aquellos extranjeros que residieran en España antes del 23 de enero de 2001 y pudieran demostrar suficiente arraigo en el país.
'¿Quién puede tener más arraigo en España que el padre de un español?', se pregunta Diego Lorente, abogado y presidente de SOS Racismo en Madrid, que asegura que tanto en los expedientes como el de Elvia, resueltos de forma negativa, como en los que finalmente se concede el permiso de residencia, se han dado situaciones cuando menos extrañas.
'Algunos se han encontrado con que les han concedido el permiso, pero éste sólo les sirve para trabajar en sectores de actividad para los que no lo solicitaron', cuenta Lorente. En ese caso se encuentra Juan Carlos Cataño, también colombiano, que recibió su tarjeta gracias a una oferta de trabajo. 'Cuando presenté la solicitud, estaba trabajando en una empresa de limpieza. Allí me dieron la oferta', explica Cataño. Meses después se llevó la sorpresa de encontrarse con un documento que sólo le habilitaba para trabajar como empleado doméstico. 'Ahora nadie quiere contratarme', asegura. 'La gente sólo quiere mujeres para las casas, pero es que además no puedo hacer otros trabajos porque mi documentación no me lo permite'. Cataño está preocupado porque no tiene dinero para pagar las cuotas de la seguridad social. Para poder renovar su permiso de trabajo tendrá que cotizar durante al menos seis meses.
Su compatriota J. B. protagoniza un caso parecido. Presentó una oferta de trabajo en la que se solicitaba un auxiliar administrativo. Como el que la firmaba era un médico, ahora se encuentra con un permiso que sólo vale para 'actividades sanitarias'. El resultado es que J. B., que jamás ha estudiado nada relacionado con la medicina, se las ve y se las desea para encontrar empleo. El problema de las cotizaciones se lo ha resuelto un amigo: 'Me inscribió como si estuviera cuidando a su padre [un anciano]. Ahora trabajo en negro como instalador de cocinas, pero al menos tengo dinero para pagar las cuotas', afirma.
Diego Lorente recuerda que es raro que la paciencia de los empresarios dure los meses que la administración tarda en resolver los expedientes, por lo que la mayoría de los solicitantes se ven obligados a buscar trabajo de nuevo en cuanto reciben su documentación.
Extranjería asegura que sólo queda por resolver el 7% de las solicitudes de residencia presentadas, pero las asociaciones replican que todavía están pendientes muchos recursos, y que el proceso podría prolongarse todavía más.
La regularización no ha resuelto los problemas de Cataño y J. B., que viven momentos angustiosos a pesar de sus flamantes tarjetas. Elvia no la ha alcanzado, y sin embargo sonríe. Su familia le proporciona la protección que el Estado le niega.
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