El Gobierno infla el currículo de Retuerto para avalar su candidatura a juez de Estrasburgo

El Gobierno español ha formalizado su propuesta de sustitución de José Antonio Pastor Ridruejo como juez español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, mediante la comunicación al Consejo de Europa de su candidata, Margarita Retuerto Buades, ex titular en funciones del Defensor del Pueblo y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial. El embajador español Guillermo Kirkpatrick se refiere al 'excelente' currículo de Retuerto, en el que figura como 'Magistrat de la Cour Suprême de Justice de l'Espagne', entre otros cargos.

El cese de Pastor Ridruejo, por terminación de su mandato, se producirá a final de año. Con suficiente antelación, en el mes de junio próximo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa tendrá que elegir de entre una terna propuesta por el Gobierno español que, en este caso, ha expresado su orden de preferencia en favor de Retuerto, como ya adelantó este periódico (véase EL PAÍS del 22 de marzo último).

La comunicación dirigida por Kirkpatrick, con membrete del Embajador Representante Permanente de España en el Consejo de Europa, al secretario general del Consejo de Europa, Walter Schwimmer, expresa, en francés, la voluntad del Gobierno español de que el próximo juez español en el Tribunal de Estrasburgo sea 'una mujer'.

'En cabeza'

Kirkpatrick explica que, en virtud de esa intención gubernamental, 'se haya establecido este orden de preferencia en el cual está situada en cabeza la señora Margarita Retuerto Buades, cuyo curriculum vitae es excelente tanto por el puesto de magistrada y de vocal del Consejo General del Poder Judicial que ha ocupado, como por su calidad de adjunta al Defensor del Pueblo español'.

En el currículo se detalla que Retuerto 'ha ocupado puestos de magistrada en el Tribunal Supremo de Justicia y en el Consejo General del Poder Judicial', y en otro de los párrafos se manifiesta que 'es magistrada del Tribunal Supremo de Justicia de España en el puesto que ha ocupado en su calidad de vocal más antigua del Consejo General del Poder Judicial de España'.

Fuentes de la delegación española ante el Consejo de Europa expresaron su sorpresa por el contenido del escrito del embajador Kirkpatrick y del currículo anexo, dada la comunicación de un dato falso, como la condición de magistrada del Tribunal Supremo de la candidata preferida por el Gobierno español. Este periódico intentó contactar telefónicamente con el embajador, pero no fue posible.

Por su parte, entre los jueces del Tribunal de Estrasburgo más conocedores de España -del total de 43 que forman parte del mismo, uno por cada uno de los Estados del Consejo de Europa- produjo malestar la alegación de una cualificación inexistente, como la de magistrada del Tribunal Supremo español para su pretendida futura colega. Fuentes próximas al tribunal pusieron de manifiesto el contraste profesional entre Retuerto, licenciada en Derecho, y los anteriores jueces españoles: dos de ellos, Pastor Ridruejo y Juan Antonio Carrillo Salcedo, catedráticos de Derecho Internacional; Eduardo García de Enterría, catedrático de Derecho Administrativo, y José María Morenilla, 'magistrado del Tribunal Supremo de verdad', según recordaron.

Abogada 'no ejerciente'

Fuentes de la delegación española del Consejo de Europa hicieron notar que otro dato profesional de Retuerto, el de abogada del Colegio de Abogados de Madrid, omite que sólo está colegiada, desde 1986, como letrada 'no ejerciente'.

Otros méritos jurídicos alegados son el de master en Derecho Comunitario y Políticas Europeas, la realización de cursos sobre Derecho Aeronáutico, Gestión Urbana y Derecho Sanitario y la larga etapa en la institución del Defensor del Pueblo, desde 1983 a 1996, primero como adjunta segunda, después como primera, con Álvaro Gil-Robles como titular, y finalmente, al cese de éste, como Defensora del Pueblo en funciones entre 1993 y 1995.

Al margen de los méritos políticos de Retuerto, fuentes del Tribunal de Estrasburgo insistieron en la necesidad de gran preparación jurídica de los jueces, dada la importante jurisprudencia sobre derechos humanos que dicho tribunal elabora.

Por lo demás, en sectores jurídicos oficiales del Consejo de Europa se recordó que el Gobierno español no presentó una terna, en igualdad de condiciones, a pesar de que el Convenio Europeo de Derechos Humanos establece, en su artículo 22, que 'los jueces serán elegidos por la Asamblea Parlamentaria (...) por mayoría de votos emitidos, de una lista de tres candidatos presentada' por el Estado Parte.