El PSOE acepta que sean las instituciones quienes insten la ilegalización de partidos
Garantizar la seguridad jurídica de la Ley de Partidos para que se aplique exclusivamente a los grupos que colaboran con el terrorismo; eliminar su caracter retroactivo y defender que sean instituciones, y no grupos políticos, quienes promuevan el proceso de ilegalización de Batasuna serán las líneas generales que el PSOE defenderá en la tramitación parlamentaria de la ley de partidos. Así lo manifiesta Diego López Garrido, portavoz de la Comisión Constitucional del Congreso, que llevará el peso de la negociación de la ley y que recogerá en las enmiendas las sugerencias del grupo de juristas a los que ha consultado el PSOE.
López Garrido estima que siguiendo el modelo alemán 'no deben ser partidos sino instituciones las que promuevan la ilegalización de un partido'. En este sentido cree que la sugerencia del ministro de Justicia, Ángel Acebes, de que sea una mayoría parlamentaria la que lo promueva 'puede ser un buen punto de encuentro'.
López Garrido defiende una norma que no se aleje 'de su objetivo político sobre la penalización de los partidos que colaboran con el terrorismo, el racismo y el golpismo'. En este sentido propone una redacción más ajustada de varios apartados del artículo 9, que trata de las causas de disolución de los partidos.
A su juicio, este apartado abusa de 'conceptos jurídicos indeterminados que pueden ser utilizados arbitrariamente', como cuando señala que la ley va dirigida contra los que 'no respetan los principios democráticos y valores constitucionales'. O en el apartado 9.3.b que señala, entre los motivos de disolución de un partido, 'fomentar o propiciar el odio como método para la consecución de objetivos políticos' o 'perseguir la imposición de pretensiones políticas'. 'Son conceptos jurídicos indeterminados que al no vincularlos directamente con el terrorismo podrían extenderse a otras formaciones políticas', precisa López Garrido.
En cuanto a la retroactividadad, el portavoz socialista propone su eliminación siguiendo las pautas marcadas por el Consejo de Estado. 'La disposición transitoria de la ley maneja un concepto confuso y difuso', dice López Garrido al señalar que 'la constitución en fecha anterior o posterior a la entrada en vigor de la presente ley orgánica de un partido político que continúe o suceda la actividad de otro ya inscrito,realizada con la intención fraudulenta de evitar la aplicación a éste de las disposiciones de esta ley, no impedirá dicha aplicación'.
López Garrido recuerda que la ley, tal como ha anunciado el PNV, será recurrida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, por tanto, 'hay que ser exquisito en su redacción, porque sería de enorme gravedad para la lucha antiterrorista que fuese declarada anticonstitucional'.
