El interés del Mundial

La renuncia de Televisión Española a comprar los derechos de retrasmisión del próximo Mundial de fútbol a Vía Digital -la plataforma de pago de Telefónica- deja en entredicho, por si no lo estuviera ya, la llamada doctrina Cascos sobre el interés general de este deporte, que obliga a dar en abierto los partidos de la selección española de fútbol. No es que esta doctrina gozara de buena salud, pero la situación creada por la negativa de la televisión pública puede acabar dándole la puntilla definitiva.

Vía Digital posee los derechos televisivos para España del Mundial de fútbol que se celebra a partir del 31 de mayo en Corea del Sur y Japón, tras adquirirlos al grupo de comunicación aleman Kirch, ahora quebrado, por la nada despreciable cifra de 190 millones de euros, y ninguna ley puede obligarle a cederlos gratuitamente. Pero al mismo tiempo, la doctrina del interés general aplicada al futbol, elaborada a marchas forzadas por el Gobierno para dirimir a favor de sus amigos del momento la guerra desencadenada en 1997 sobre los derechos televisivos, obliga a retransmitir en abierto todos los partidos de la selección española y la final del Campeonato Mundial de fútbol. El ministro portavoz señaló al final del Consejo del viernes la voluntad del Ejecutivo de que todos los que lo deseen puedan acceder a la visión en abierto de esos encuentros.

Está claro que Vía Digital se hizo con esos derechos, que pueden terminar por hacer aún más grande su agujero financiero, pagando por ellos más de lo debido, en medio de una guerra audivisual auspiciada desde el Gobierno con una ley del fútbol que irrumpió en el mercado televisivo sin tener en cuenta su evolución ni la propia de los clubes. Si Vía Digital pensaba que TVE podía recomprarle más adelante esos derechos, la jugada le ha salido mal. Es posible que en algún momento esa operación tuviera visos de realizarse -al fin y al cabo, TVE y los medios de Telefónica convergen en la misma zona de interés informativo del Gobierno-, pero, a la hora de la verdad, ni la ultradeficitaria TVE ni Hacienda -que debía autorizar la partida de gasto- se han atrevido a desembolsar los 150 millones de euros incialmente barajados por 25 partidos ni los 43 millones finalmente exigidos por un lote de 10.

Nadie podría reprochar a TVE, endeudada hasta las cejas con cerca de 5.500 millones de euros, que se niegue a hipotecarse aún más pagando cifras infladas en su origen por unos derechos de retrasmisión que hoy están llevando a la ruina a más de una televisión de pago. Véase en este sentido el panorama de algunos canales europeos, británicos y alemanes especialmente. Pero el Gobierno no puede quedarse quieto sin hacer el más espantoso ridículo con su ley del fútbol.

El concepto de interés público aplicado a este deporte ha sido pulverizado en la práctica, pero resultaría políticamente engorroso para el Ejecutivo que esa evidencia se manifestara precisamente en un Mundial de fútbol, dejando privados de ese acontecimiento a una mayoría de españoles. El Gobierno, por ello, está obligado a desenredar esta situación, bien propiciando un acuerdo económico entre TVE y Vía Digital, que no descarta el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, bien convenciendo a Telefónica para que el Mundial de fútbol lo emita Antena 3. En el primer caso, el interés general del evento lo pagaría el contribuyente; en el segundo, los accionistas de Telefónica. El fútbol no es gratis y miente quien diga la contrario.