Bruselas extrema la vigilancia

La quiebra de Enron y la implicación de Andersen en su descalabro han puesto en evidencia la necesidad de adoptar en la Unión Europea medidas urgentes para evitar que un escándalo similar azote el mercado financiero europeo. Bruselas está elaborando un severo código de conducta, que guiará las relaciones de los auditores con las empresas que cotizan en Bolsa, y sopesa normas similares para los analistas financieros, bancos de inversiones y agencias de calificación de riesgos para limitar los abusos y devolver la confianza a los inversores.

Las empresas deberán cambiar de auditores al menos cada siete años, y hasta pasados dos años no podrán volver a incorporar la firma

El negocio mundial de los servicios de contabilidad y de auditoría estaba copado por cinco grandes compañías, las big five. Ahora se han quedado en cuatro y su trabajo está en entredicho a raíz de los últimos escándalos financieros. El caso más significativo ha sido el maquillaje de cuentas realizado por la auditora Andersen en la quiebra de Enron en Estados Unidos. A pesar de que desde la Comisión Europea se afirme que es difícil que un caso de este calibre se repita en Europa, los responsables europeos de finanzas no están muy tranquilos.

Los controles sobre las 7.000 compañías que cotizan en Bolsa, los bancos, sobre las grandes empresas de auditoría y contabilidad y agencias de calificación deben ser más severos para poder dar más transparencia al mercado. La Comisión Europea (CE), a raíz del caso Enron, decidió echar mano de las propuestas que tenía sobre la mesa y empezó a revisar todas sus iniciativas en el campo de los servicios financieros con este doble principio: vigilancia y transparencia. La idea es que antes de 2005 entre en vigor toda la batería legislativa, coincidiendo con la plena integración de este mercado en Europa. Los servicios del comisario europeo de Mercado Interior y un grupo de expertos creado a propósito para este fin presentarán durante las próximas semanas un conjunto de propuestas en relación con la contabilidad y auditoría de los grandes grupos financieros y empresariales para tratar, en definitiva, de garantizar la estabilidad de los mercados.

Bruselas está ultimando un código de conducta, con medidas de salvaguardia estrictas, para limitar al máximo la posibilidad de que de las grandes empresas de servicios profesionales puedan llevar a cabo conductas abusivas y regular a la vez la relación con sus clientes, para así reforzar su independencia. Estos son, en síntesis, algunos de los elementos para el reforzamiento del control interno y del funcionamiento de las grandes corporaciones, de sus consejos de administración y de las prácticas auditoras.

Las empresas deberán cambiar periódicamente de auditores, al menos cada siete años, y se establece un plazo de dos años para que el socio en cuestión pueda volver a incorporar al cliente a su cartera; se van a reformar los sistemas de supervisión de la actividad de las auditoras, labor que se realizará por personas ajenas al sector; se plantea también que haya un mayor aislamiento de las relaciones entre auditor y auditado.

Para mejorar las relaciones entre las auditoras y sus clientes, Bruselas quiere prohibir la prestación de ciertos servicios añadidos, como los informáticos. También deberán detallar a sus clientes, con claridad, las tarifas por sus servicios. Además, se pretende exigir un intermediario entre la auditora y el consejo de administración de la empresa auditada, una especie de comité que tendrá como objetivo 'aislar' a los auditores de los gestores de la compañía.

Se ha encargado a un grupo de expertos que en paralelo revise las funciones de los miembros independientes de los consejos de administración, la remuneración del personal directivo y su responsabilidad en la información financiera sobre la empresa. Todas estas medidas serán en principio de aplicación voluntaria, aunque tienen una importante carga moral para los que no las respeten, ya que la Comisión Europea se guarda una carta bajo la manga y advierte que, de no seguirse sus recomendaciones, elaborará una norma comunitaria de obligatorio cumplimiento.

Contabilidad comparable

Y para mejorar la transparencia contable, la Comisión Europea pretende que las empresas que cotizan en las bolsas europeas se adapten en 2005 al estándard de contabilidad internacional, el IAS en sus siglas inglesas, y se da dos años más de plazo para las que estén en EE UU. Precisamente, el problema está en convencer a las autoridades norteamericanas para que reconozcan el mismo sistema, para que los inversores puedan comparar con mayor transparencia los resultados de las compañías sobre las que invierten. Austria, Bélgica, Alemania, Francia, Finlandia, Italia y Luxemburgo son los únicos países europeos en los que se utiliza este estándard internacional contable. El regulador estadounidense (SEC) no reconoce esta norma, lo que obliga a las 300 compañías que cotizan en el mercado de Nueva York a elaborar sus cuentas siguiendo las normas del país.

Toda esta terapia tendrá que estar lista para mediados de año, con vistas a que puedan hacerse definitivas después del verano. Bruselas asegura que con esta batería legal no se busca regular el mercado, sino establecer 'unas reglas de juego limpio' que cumplan todos los participantes. Estas medidas se sumarán a un informe que está elaborando un equipo de expertos de cara a la Cumbre de Sevilla sobre el buen gobierno de las empresas.