Zaplana niega la responsabilidad del Consell en el 'caso Cartagena'

Los hechos por los que ha sido condenado el ex consejero de Obras Públicas y ex alcalde de Orihuela Luis Fernando Cartagena son 'absolutamente ajenos al Gobierno', sucedieron hace diez años y, al pedir explicaciones sobre el asunto, la oposición demuestra su 'desprecio' al Estado de derecho y al principio constitucional de 'presunción de inocencia'. El presidente de la Generalitat y del PP, Eduardo Zaplana, eludió ayer asumir responsabilidad política alguna por el asunto, tal como le reclamó la oposición durante la sesión de control al Consell en las Cortes. Por su parte, el vicepresidente segundo del Ejecutivo, José Joaquín Ripoll, evitó responder por qué Cartagena continúa miltando en el PP.

Las preguntas que la oposición dirigió ayer a Zaplana en las Cortes se referían al caso Cartagena. El mismo asunto ocupó acto seguido una comparecencia del vicepresidente segundo del Consell, José Joaquín Ripoll. Tanto el portavoz socialista, Joaquim Puig, como el de EU, Joan Ribó, querían saber qué responsabilidades políticas va a asumir Zaplana y qué consecuencias tiene para la Generalitat la reciente sentencia que condena a Luis Fernando Cartagena a cuatro años de prisión por los delitos de malversación de caudales públicos y de falsedad en documento mercantil. El primero, cometido durante su etapa como alcalde de Orihuela y el segundo, según recordó Puig, para tratar de tapar aquél, cuando ya era consejero de Obras Públicas de Zaplana.

Las acusaciones que se escucharon a lo largo de la mañana fueron gruesas: Cartagena es un 'ladrón de guante blanco' que 'robó a las monjas', 'malversó dinero público', 'falsificó documentos para encubrir el robo' y además 'defraudó al fisco'. Y ante todo esto, Zaplana, no sólo 'no ha hecho nada', sino que 'ha apoyado a un delincuente'. Y eso que 'sabía de la A a la Z todas las actuaciones de Cartagena'. Y que 'había puesto a su hermana a trabajar en la empresa del señor que después hace las facturas falsas', en referencia a Ángel Fenoll, empresario del PP condenado por el mismo caso que Cartagena y también por comprar votos. Y que nombró consejero al ex alcalde de Orihuela sabiendo que estaba implicado en el caso de las primas únicas. Y ante todo eso, tampoco ha hecho nada el PP, que mantiene a Cartagena como militante a pesar de que los principales dirigentes valencianos del partido, incluido Zaplana, y hasta el propio presidente nacional, José María Aznar, conocieron con detalle el asunto tras las denuncias de concejales populares de Orihuela expulsados. La pregunta del millón que Puig hizo al final quedó sin respuesta: '¿Por qué Luis Fernando Cartagena está aún en el PP, en el que hay mucha gente honrada?'.

Sin ligazón con el Gobierno

Pero Zaplana no se mostró en absoluto dispuesto a asumir las responsabilidades políticas que le exige una oposición convencida de que si no las asume es porque Cartagena sabe cosas que pueden perjudicar al titular del Consell y al propio PP. Así, Zaplana se limitó a defenderse: la condena a Cartagena es algo 'absolutamente ajeno al Gobierno', los hechos 'ocurrieron hace diez años' y no guardan 'la más mínima ligazón' con las decisiones del Consell, al que Cartagena perteneció entre 1995 y 1998. Además, Zaplana negó que su ex consejero falsificara pruebas documentales mientras formó parte del Consell, puesto que, contradiciendo a Puig, afirmó que el proceso comenzó 'ocho meses después' de dejar la política. Tras recordar que la sentencia no es firme y está recurrida, Zaplana pasó al ataque y expresó su preocupación porque, al pedirle responsabilidades políticas por el caso, la oposición muestra su 'desprecio al Estado de derecho, a los principios constitucionales y a la presunción de inocencia que ampara a todos los ciudadanos hasta que las sentencias son firmes'.

Zaplana tachó de 'cínico' al portavoz de EU por reclamar honestidad y honradez, cuando el propio Ribó propuso en noviembre, para formar parte de los órganos de gobierno de Bancaixa, a Manuel Lubary, condenado en 'sentencia firme' a un año de prisión por apropiación indebida.

'No se me ocurre qué más se puede hacer', dijo después el presidente en los pasillos de las Cortes, donde reiteró los argumentos que había utilizado en el hemiciclo. Pero a la oposición sí se le ocurre. Y Puig se encargó de transmitirlo a través del vicepresidente Ripoll cuando, al final de la comparecencia sobre el mismo asunto que siguió a la sesión de control, hizo la ya citada pregunta del millón. Cartagena pertenece todavía al PP y no ha sido expedientado ni expulsado, cuando en otros casos, con menos motivos que los del ex alcalde de Orihuela, los populares han actuado con contundencia.

En su intervención, Ripoll insistió en los argumentos de su jefe: no hay responsabilidad política alguna que asumir. Reiteró que el PP no aceptará la creación de una comisión de investigación sobre el caso Cartagena y negó que el vicepresidente primero del Consell y secretario general del PP valenciano, José Luis Olivas, se reuniera con los ediles expulsados del PP que denunciaron a Cartagena. Ripoll dedicó buena parte de su tiempo a explicar que el Consell no tiene nada que ver con la pertenencia de Cartagena al Consejo de Salud y a defender la legalidad de las actividades del empresario Ángel Fenoll y acusó a la oposición de querer 'criminalizar' a la Vega Baja. Cuando Ripoll preguntó dónde está la línea a partir de la cual hay que asumir la responsabilidad política, la oposición le recordó desde el caso Blasco hasta el caso Naseiro.