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El ejecutivo estudia compensar a los viajeros por la huelga de autobuses

El consejero Luis Eduardo Cortés duda de que el Ejecutivo tenga que asumir el pago

Si el Gobierno regional quisiera compensar por la huelga de autobuses al medio millón de personas que cada mes adquiere abonos de transportes, tendría que desembolsar unos siete millones de euros. El consejero de Transportes, Luis Eduardo Cortés, anunció ayer que el Ejecutivo está sopesando esta posibilidad, aunque aún no ha tomado una decisión. De todas formas, Cortés cree que deberían ser las empresas de transportes afectadas por la huelga las que hicieran frente a este gasto. Por eso, dice, el Gobierno podría adelantar el dinero y luego pasarles la factura.

Los usuarios de transportes colectivos en la Comunidad compran algo más de un millón de abonos al mes, según fuentes del Consorcio Regional de Transportes. De ellos, cerca de la mitad -un 44%- lo adquiere para trasladarse desde zonas de la periferia a Madrid o viceversa. Por tanto, sólo éstos (unos 500.000) serían los afectados directamente por la huelga de autobuses que duró 12 días. El resto de usuarios, los que adquieren abonos para utilizar transportes de la capital, pudieron desplazarse perfectamente en los autobuses de la EMT o en el metro.

Los abonos mensuales de la periferia cuestan una media de 40 euros. Esto quiere decir que los 500.000 ciudadanos afectados directamente por los paros se gastan 20 millones de euros mensuales en abonos. Las asociaciones de consumidores y de vecinos han reclamado a la Comunidad que compense económicamente a las miles de personas que se vieron perjudicadas por la huelga, que duró 12 días, un tercio de mes. En otras palabras, que los viajeros recibirían, en total, más de siete millones de euros de compensación por los prejuicios ocasionados.

Informe de la consejería

El vicepresidente de Gobierno y consejero de Transportes, Luis Eduardo Cortés, está a la espera de un informe que ha encargado al Consorcio sobre esta compensación. Ayer dijo que sabrá una respuesta en los próximos días. Aunque no quiso adelantar su decisión final, Cortés afirmó que, en este caso, hay que aplicar el principio de 'que pague quien contamine'. El consejero explicó que hay que buscar 'a quien haya generado este gasto no deseado, no previsto'.

El vicepresidente del Gobierno añadió: '¿Por qué tiene que pagar la Comunidad? ¿Por qué tenemos que pagar los madrileños? Pedir la devolución al Consorcio es como pedírnosla a nosotros mismos, porque es dinero de todos', advirtió.

Si el consejero de Transportes decide que hay que devolver a los usuarios los siete millones de euros y que las empresas propietarias de los autobuses tienen que pagar esa suma, la Comunidad adelantaría el dinero y las empresas lo irían devolviendo progresivamente.

Pero fuentes de la patronal replican que 'debe ser el Consorcio el que corra con los gastos'. Argumentan que el Consorcio ya les va a descontar de lo que les abona mensualmente los viajes que no se hicieron durante los paros. 'Por lo tanto, nosotros no tenemos que pagar nada más', señalan los empresarios. La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) estima que la cifra a devolver no es de siete millones, sino que asciende hasta los 12 millones de euros. El presidente de esta asociación, Luis Pineda, afirma que, si no se devuelve el dinero a los usuarios por los 12 días de huelga, Ausbanc 'inundará de demandas' la consejería. Pineda amenaza con acudir al sistema arbitral 'si, en un plazo máximo de dos semanas', no se atiende al requerimiento de los usuarios.

El Ayuntamiento de Alcobendas también ha reaccionado tras la huelga, y va a apoyar a una plataforma ciudadana de reciente creación. Tras los perjuicios ocasionados a los usuarios por el paro de autobuses, la plataforma ha pedido la interconexión, a través del transporte público, principalmente del metro, de las ciudades de la zona norte, informa Vicente Manrique.

La huelga sigue dando coletazos también entre las fuerzas sindicales. CC OO y UGT, dos de los tres sindicatos convocantes de los paros, han enviado al presidente del Gobierno regional, Alberto Ruiz-Gallardón, una carta en la que abordan su disconformidad con la solución dada al conflicto. 'Consideramos que un arbitraje impuesto', reza la carta de los sindicatos, 'no es la mejor manera de solucionar un conflicto de estas características'.

CC OO y UGT dicen en la misiva que se debería haber utilizado el Instituto Laboral como mediador, ya que tanto los sindicatos como la patronal forman parte de él. 'Aún consideramos al Instituto el marco adecuado para negociar y determinar los servicios esenciales en caso de conflicto en los servicios públicos', añaden.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 18 de abril de 2002