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La policía grabó conversaciones de los acusados en Gescartera con sus abogados

La policía grabó multitud de conversaciones entre los imputados de Gescartera y sus abogados, según consta en una pieza separada del sumario cuyo secreto ha sido parcialmente levantado esta semana por la juez Teresa Palacios.

Al menos dos letrados -uno de la acusación y otro de la defensa- tuvieron acceso a la pieza en la que figura la transcripción de las citadas conversaciones telefónicas y pudieron comprobar que figuran 27 conversaciones como mínimo entre uno de los principales implicados, José María Ruiz de la Serna, y su letrado defensor, Juan Molins, en las que se habla entre otras cuestiones de la estrategia de defensa, según informan fuentes de los propios letrados. Esas fuentes agregan que también existen conversaciones entre el propietario de Gescartera, Antonio Camacho, y su abogado, José Lozano, así como otras entrevistas y diálogos entre varios acusados y diversos periodistas.

Al tener conocimiento de que el contenido de las conversaciones afecta al derecho de defensa, varios letrados, indignados, protestaron ante el Colegio de Abogados de Madrid y comunicaron a la juez la ilegalidad de grabar esas conversaciones.

Teresa Palacios pasó la pieza de documentos al fiscal, Luis López Sanz, para que indique qué conversaciones afectan al secreto entre abogado y cliente y sean eliminadas de la pieza o, cuando menos, sigan siendo secretas.

Malestar y respuesta

La mayoría de los letrados, tanto de la acusación como de la defensa, han expresado su malestar porque el fiscal se mostró favorable y la juez aprobó la prórroga de las escuchas telefónicas, cuando las grabaciones de conversaciones entre abogados y clientes ya se registraron en el primer periodo de escuchas telefónicas que estaban autorizadas.

Los letrados estudian las medidas a adoptar tras este incidente -alguno ha sugerido la posibilidad de solicitar la nulidad de las actuaciones- e invocan resoluciones del Tribunal Supremo y del Constitucional, como por ejemplo la que ordenó destruir los locutorios de la prisión de Alcalá-Meco, donde se grababan conversaciones de los presos etarras con sus letrados.

Por otro lado, ayer declaró el asesor fiscal de Gescartera, Agustín Fernández Ameneiro, cuya declaración continuará mañana.

Fernández Ameneiro indicó que él sólo cumplía con las obligaciones que le encomendaba Antonio Camacho y que tenía unas funciones muy limitadas en Gescartera, como hacer la declaración de la renta a algunos de los clientes. Así, admitió que hizo la declaración del diplomático Rafael Jover Mora-Figueroa, uno de los clientes de Pilar Giménez Reyna, sobre cuyos fondos en BBV Privanza en Jersey tuvo que declarar recientemente la ex presidenta de Gescartera ante el juez Baltasar Garzón.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 18 de abril de 2002