El Gobierno rechaza ceder al Ejecutivo vasco la gestión de prisiones por estrategia antiterrorista

El Gobierno central no cederá la gestión de las prisiones al Ejecutivo vasco, aunque admite que es una competencia que le corresponde a Euskadi según su Estatuto, porque 'no es una prioridad política en esta legislatura'. Así lo dijo ayer el secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, al finalizar la primera reunión sobre traspasos autonómicos, después de tres años, entre los Ejecutivos central y vasco. Fuentes gubernamentales admitieron que la causa de la negativa a ceder las prisiones a Euskadi -una competencia que ya tiene Cataluña- es que 'afecta a la lucha antiterrorista'.

Detrás de la negativa del Gobierno central a traspasar al Ejecutivo vasco las competencias de las prisiones late también la profunda desconfianza de La Moncloa hacia el gabinete del nacionalista Juan José Ibarretxe por la gestión que pudiera hacer de una cuestión tan sensible como ésta, que afecta a presos de ETA.

El País Vasco dispone de tres centros penitenciarios, con una población reclusa, a 8 de marzo, de 1.094 presos: Nanclares de Oca (Álava), con 574; Martutene (Guipúzcoa), con 266, y Basauri (Vizcaya), con 254. Cataluña, con esta competencia ya traspasada, cuenta con once centros penitenciarios.

El líder del PP vasco y ex ministro del Interior, Jaime Mayor, se ha venido oponiendo a este traspaso de manera pública y reiterada, y ayer oficializó la negativa el Ministerio de Administraciones Públicas cuando el Gobierno vasco reclamó formalmente tal competencia.

La primera reunión celebrada entre el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, y la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia -también la primera en tres años entre los Ejecutivos central y vasco para hablar de traspasos autonómi-cos- se zanjó con un fracaso, de tal modo que Zenarruzabeitia dijo, al finalizar, que estaba 'perpleja' por la actitud del Gobierno central. Y es que de las cuatro reclamaciones autonómicas presentadas por la vicelehendakari en esta reunión -y anunciadas desde hace meses por carta-, sólo encontró respuesta relativamente satisfactoria a una de ellas: las políticas activas del Inem, ya traspasadas a la mayoría de las comunidades autónomas.

Además de la reclamación de la competencia sobre prisiones, Posada rechazó la pretensión de ceder al Gobierno vasco la titularidad de investigación, así como de la autopista de peaje Bilbao-Miranda de Ebro. Las razones que esgrimió el ministro fueron, en el caso del tramo de autopista, que desborda los límites del País Vasco. Y en el caso de la investigación, que ya 'fue traspasada al País Vasco' y lo que quiere el Gobierno autónomo es un 'acuerdo complementario' con el Gobierno del Estado.

Zenarruzabeitia argumentó su 'perplejidad' en que desde marzo del año pasado el Gobierno central sabía -a través de la correspondencia escrita- que en el primer encuentro que mantendrían se pondrían sobre la mesa estas cuatro reclamaciones. Pese al fracaso del encuentro, la vicelehendakari aseguró que el Gobierno de Vitoria no tirará la toalla y seguirá negociando.

Elorriaga, satisfecho

Sin embargo, el secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, se mostró 'satisfecho' por el hecho de la reunión, en sí misma, al destacar que el Gobierno vasco 'haya aceptado los cauces habituales de negociación autonómica', el diálogo con el Ministerio de Administraciones Públicas, y 'haya renunciado a su pretensión de crear una comisión política de alto nivel, entre el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, y la vicelehendakari, para analizar el futuro del autogobierno vasco'.

Esta propuesta la había hecho el lehendakari, Juan José Ibarretxe, en su sesión de investidura, el pasado julio. Fue este planteamiento precisamente el argumento que ayer esgrimió el secretario de Estado de Organización Territorial para justificar la paralización autonómica de estos meses con el Gobierno vasco. Elorriaga también se escudó en este argumento para no dar una respuesta concreta a la reclamación sobre las políticas activas del Inem. 'Queríamos constatar la voluntad de diálogo del Gobierno vasco y retomar la negociación interrumpida hace años'.