Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La Junta modifica el Plan de Vivienda y promueve 2.000 pisos de alquiler

El nuevo decreto refuerza el apoyo a los sectores desfavorecidos

La Junta aprobó ayer en Consejo de Gobierno un decreto que modifica el III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002 para reforzar las ayudas que concede a los colectivos sociales más desfavorecidos. Una de las medidas que recoge esta modificación es la construcción de 2.000 viviendas públicas en régimen de alquiler que estarán sujetas a una renta máxima mensual de 120 euros.

A esta medida se podrán acoger aquellas familias cuyos ingresos no superen en 2,5 veces el salario mínimo interprofesional (442,20 euros). Esta iniciativa, que se aplicará a lo largo de 2002 con una dotación de 39 millones de euros, está orientada a los sectores sociales de rentas bajas y medias, así como a jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 años, discapacitados y familias numerosas y monoparentales.

Según explicó la consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, esta modificación del plan permitirá que durante 2002 se lleven a cabo más de 6.000 proyectos de rehabilitación arquitectónica y 1.200 de transformación de viviendas, además de la construcción de 2.000 viviendas públicas para alquiler y de otras 3.600 correspondientes al régimen específico de venta y al cofinanciado con los ayuntamientos. Unas 12.800 familias andaluzas se verán beneficiadas por este plan, según las estimaciones que baraja la Junta.

El decreto que modifica el III Plan Andaluz de Vivienda establece cambios en tres programas: el de rehabilitación autonómica; el de viviendas de nueva planta y el de viviendas de protección oficial (VPO).

La principal novedad del programa de rehabilitación autonómica, dirigido a familias con ingresos inferiores a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional, es la apertura de una línea específica de ayudas a la recuperación de edificios vacíos para reforzar el parque de viviendas de alquiler en las denominadas áreas de rehabilitación concertada, que incluyen los centros históricos y los barrios periféricos de las grandes ciudades.

Antes de ser modificado, el plan de vivienda sólo recogía estas actuaciones en los inmuebles ocupados y, excepcionalmente, en edificios sin uso pero de singular valor arquitectónico, como por ejemplo los corrales de vecinos.

Subvenciones

El nuevo decreto eleva la subvención para este tipo de proyectos de los 9.600 euros a 10.000. Las ayudas alcanzarán los 14.000 euros cuando la obra afecte a elementos estructurales del edificio.

El plan de transformación de infraviviendas, destinadas a familias con ingresos inferiores a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional, también registra un 6% de incremento en las ayudas, alcanzando un máximo de 21.000 euros por vivienda y de 400 euros por metro cuadrado rehabilitado.

En cuanto al programa de viviendas de nueva planta, las principales modificaciones aprobadas ayer por el Consejo de Gobierno afectan principalmente a los programas de régimen autonómico de promotores públicos en alquiler, régimen especial en venta y vivienda cofinanciada.

El programa de alquiler aumenta sus subvenciones para promotores desde el 15 al 20% del precio máximo que la vivienda podría alcanzar en venta. También amplía de 60 metros cuadrados a 70 la superficie máxima de las viviendas incluidas en estos incentivos, que podrán llegar a los 90 metros cuadrados en caso que alberguen a familias numerosas.

La renta media que habrán de pagar los inquilinos de este tipo de vivienda se reduce de 150 a 120 euros al mes.

Las viviendas de régimen especial en venta y cofinanciadas con los ayuntamientos (de menos de 70 metros cuadrados útiles en ambos casos) pasan del cinco al 10% en la subsidiación de la cuota de amortización del préstamo hipotecario en el caso de unidades familiares con ingresos entre 1,5 y 2,5 veces el salario mínimo interprofesional. Los colectivos desfavorecidos, con una renta inferior a 1,5 veces el salario mínimo, gozarán de un incentivo del 20%.

Respecto a las viviendas de protección oficial, el decreto adapta sus precios básicos según un criterio que toma como referencia el número de habitantes de los municipios en las que se construyen. En las localidades de más de 10.000 habitantes el precio por metro cuadrado queda fijado en 815 euros, cuantía que se incrementa en un 10% para aquellas poblaciones de más de 50.000 habitantes. Para el resto de municipios, de menos de 10.0000 habitantes, la norma fija un precio básico de venta de 750 euros por metro cuadrado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 18 de abril de 2002