'Cuando la seguridad es prioritaria, vincularla con la inmigración es una bomba'

Manuel Lezertua (Bilbao, 45 años) es director del Comité de Problemas Criminales del Consejo de Europa, que coordina las actividades de esta institución en materia penal y sobre la criminalidad financiera. Ha sido también letrado del Tribunal Constitucional y profesor de Derechos Humanos en varias universidades y es experto en políticas migratorias. Sobre Los derechos de los extranjeros y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos disertó el lunes en Bilbao.

Pregunta. ¿El caso del BBVA es una ilegalidad más del sector financiero o una excepción?

Respuesta. Está claro que es necesario hacer algo sobre la pervivencia de lugares que no cooperan con los demás en la represión de los delitos financieros. Supongo que lo que habrá en el BBVA es un delito fiscal como una casa, pero no sé mucho más. Me parece sintomático de un estilo de hacer.

'En Europa, la población requiere mano dura con los inmigrantes'

P. ¿No pueden los tribunales europeos poner un freno?

R. Los paraísos fiscales y las sociedades pantalla se utilizan como instrumento para cometer una ilegalidad en otro país. Hasta ahora, la pasividad ha sido total. Pero se empiezan a hacer cosas, como coordinar la acción de los demás estados en relación con las transacciones provenientes de esos lugares. Hay una reacción común de todos los estados para poner a los paraísos en el banquillo y aislarlos, pero aún así es dificil porque las élites se aprovechan de su existencia. Hay muchos intereses, pero ha llegado al límite.

P. En su conferencia habló de los derechos de los extranjeros. ¿Cómo cuida el Consejo de Europa los de los inmigrantes?

R. No existe el derecho a entrar en el territorio de un país y permanecer en él. La jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha ido protegiendo a los extranjeros a través de otros derechos.

P. ¿Se puede llegar a la conclusión de que se respetan?

R. Se ha superado el convenio de Ginebra, pensado para casos políticos aislados.

P. ¿Y adaptarlo?

R. Sí, pero las crisis económicas, la presión social, la aparición de fenómenos de xenofobia, etcétera hace que el margen de maniobra político de los estados sea muy reducido. En esta situación, el que haya aparecido una jurisprudencia de derechos humanos que dice 'por ser persona tiene derecho a una serie de mínimos' completa la protección.

P. ¿Qué derechos tiene un inmigrante que es enviado de vuelta en avión tras pasar días encerrado?

R. A Estrasburgo llegan centenares de denuncias. Entre otros motivos, porque mientras el tribunal decide existe la posibilidad de adoptar resoluciones provisionales para evitar la expulsión. Y, aunque el amparo legal sólo se da si existe un riesgo de tortura, el tribunal va más lejos, y establece muchas situaciones a favor del inmigrante. Lo que en principio es una libertad total de los estados para devolver a alguien, no es tal libertad. En algunos casos de riesgo, y se han ido construyendo una serie de razones por las cuales éstos son cada vez más, los inmigrantes se pueden quedar.

P. Pero muchos siguen sin un estatuto jurídico que les convierta en regulares.

R. Ése es el problema. No tienen ningún derecho. Simplemente, no les expulsan y se convierten en carne de delincuencia porque no pueden trabajar.

P. ¿Respeta la ley de Extranjería los derechos humanos?

R. Todos los estados han adoptado políticas migratorias muy restrictivas. España no es un país especialmente poco acogedor, sino que, simplemente, forma parte de una política comunitaria. Además, España se ha visto impulsada a reglamentar con más severidad porque es un país con muchas posibilidades de entrada y de paso.

P. ¿Cómo vislumbra el futuro ante el flujo inmigratorio?

R. Un inmigrante legal va a tener prácticamente todos los derechos. El problema es conseguir los papeles. En Europa, la población requiere mano dura con los inmigrantes. En España también se empieza a hablar de inseguridad. Cuando la inseguridad se convierte en una prioridad, vincularla con la inmigración es una bomba. Entonces, es cuando la opinión pública presiona para que se haga una política de mano dura y expulsiones masivas. A los políticos les queda poco margen para hacer gestos de seguridad porque, si ceden y regularizan, les cuesta votos. La población no está dispuesta a aceptar esto con generosidad. Lo único que podemos exigir a los estados es que cuando cojan a un inmigrante que llega en patera le traten con decencia. Tampoco sería admisible una política de apertura de fronteras, ya que generaría tensiones enormes con aparición de racismo y conflictos étnicos. Y eso sería más desestabilizador.