El PP pone a prueba la supervivencia del PER

El Plan de Empleo Rural y el subsidio agrario forman desde hace más de 18 años una pareja esencial en la política de ayudas públicas a los trabajadores del campo en Andalucía y Extremadura, comunidades donde el sector agrario concentra aún casi a la mitad de los parados en ambas regiones. Una pareja que también ha sobrevivido en las dos últimas décadas a encarnizadas polémicas políticas y sociales cada vez que se ha intentado algún cambio en su diseño. Así que cuando el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, deslizó la semana pasada el anuncio de una próxima reforma, sin dar más detalles, PSOE, Izquierda Unida y los sindicatos no dudaron en tocar a rebato.

La historia del PER y el subsidio agrario puede contarse a partir de sus numerosos intentos de reforma, aunque su diseño apenas ha cambiado desde que se estrenaron en 1984. Entonces, con los socialistas recién aupados al poder, el Gobierno central y los sindicatos acordaron un sistema por el que los jornaleros parados, si acreditaban un mínimo de peonadas (60 en el primer decreto), podían cobrar como subsidio agrario un 75% del salario mínimo durante seis meses. A este subsidio, un remedo de las prestaciones por desempleo que cobran el resto de trabajadores, se le añadió un plan de subvenciones a los Ayuntamientos, el PER, para obras de infraestructura con contratación preferente de jornaleros, que así podían completar las peonadas necesarias.

A partir de entonces, el frente del PER estuvo permanentemente abierto. La sequía y la falta de trabajo a final de los ochenta y principio de los noventa llevó a los sindicatos a movilizarse en muchas ocasiones para exigir la reducción de las peonadas mínimas y más inversiones para obras. Por otro flanco, el PP reclamó su eliminación, apoyado en el creciente fraude por la firma de peonadas falsas. Los populares hicieron del 'voto cautivo de los jornaleros' uno de sus lemas en su oposición al PSOE.

Mejora en los pueblos

El rifirrafe político y los numerosos casos de fraude en los primeros años dieron una mala fama al PER que ha ensombrecido sus logros: casi nadie discute ya que ha permitido una mejora en las infraestructuras de los pueblos, algo que las maltrechas haciendas municipales no se hubiesen podido permitir, y ha elevado las condiciones de vida de los jornaleros, unas 400.000 personas en Andalucía, al garantizarles una renta cada año. Sus defensores recuerdan además que esto se ha logrado con un gasto limitado (al INEM le cuesta más un parado del régimen general), y que los controles han limitado los fraudes (también menos importantes que en otros sistemas de prestación).

Pero la primera prueba de fuego del sistema llegó cuando el PP alcanzó el poder en Madrid. Hasta entonces, las reformas del PER se habían limitado a una reducción de peonadas y a ampliar el subsidio para los mayores de 52 años. Pero la temida desaparición del PER, quedó en una nueva pequeña reforma. Uno de sus principales detractores, Javier Arenas, firmó como ministro de Trabajo el acuerdo en marzo de 1996 y comenzó así una fructífera política de concertación con los agentes sociales, uno de los principales logros de la primera legislatura popular.

La reforma de 1996, además de un desafortunado cambio de nombre (pasó de PER a Aepsa, aunque casi nadie lo utiliza), supuso la reducción a 35 de las peonadas para cobrar el subsidio, aumentó las subvenciones a los Ayuntamientos para obras de infraestructura y reservó una parte a proyectos para generar empleos estables en el ámbito rural. Y sobre todo, abrió una puerta a una reivindicación sindical: la posibilidad de implantar el sistema de prestaciones de desempleo ordinario para los eventuales agrarios, tanto para los que no tenían derecho al subsidio (los jornaleros de fuera de Andalucía y Extremadura y los de estas regiones que tenían demasiada renta para cobrarlo) como, optativamente, los que disfrutaban del subsidio.

Reforma aplazada

En 1998, Arenas inició los contactos con sindicatos y empresarios para aplicar el sistema contributivo a los jornaleros, un diálogo que provocó la oposición inicial de la Junta y el PSOE, recelosos de las intenciones de los populares. UGT y CC OO discutieron con Trabajo la posibilidad de compatibilizar el PER con el sistema contributivo de la Seguridad Social para los otros 300.000 jornaleros carentes de ayudas estatales. El Ministerio evaluó el coste de la reforma en unos 240 millones de euros (40.000 millones de pesetas) y reclamó limitar el acceso al subsidio agrario a los menores de 25 años y mayores de 45 años para mitigar el gasto. Para el sistema de cotización, se estudió aplicar un 1,33% por cada peonada trabajada. Pero un año después, el sucesor de Arenas, Manuel Pimentel, aplazó indefinidamente la reforma.

Ahora el sucesor de Pimentel, Juan Carlos Aparicio, parece haber tomado el testigo, justo cuando encara el tramo decisivo del traspaso a Andalucía de las políticas activas de empleo, en el que la Junta exige la cogestión del PER. En estos días, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha insistido en que la afluencia de inmigrantes revela que en el campo hay trabajo (sin hacer mención a las pésimas condiciones que soportan) y que los subsidios especiales no hacen falta. Aparicio enseñará hoy sus cartas a sindicatos y patronal. Vista la historia, habrá que esperar a ver si las juega hasta el final.