El Defensor del Pueblo insta a la devolución del patrimonio a los masones

El Defensor del Pueblo ha emitido una recomendación 'para sentar las bases normativas que permitan la devolución del patrimonio incautado tras la guerra civil a la masonería, por tratarse de un acto de justicia histórica'. El franquismo, en su represión de la masonería, dio muerte a 12.000 personas e instruyó 40.000 procesos. Con absoluta impunidad, bienes e inmuebles fueron confiscados para disfrute de los vencedores. Tras restablecerse la democracia, las leyes de 1986 y 1998 no restituyeron a las instituciones masónicas su patrimonio.

'La recomendación del Defensor del Pueblo es una victoria histórica, y debe abrir la vía para culminar la última asignatura pendiente para la plena normalización de la vida democrática española, comenzada en la transición', dice Tomás Sarobe, gran maestro de la Gran Logia de España.

'Es la oportunidad de que el Gobierno muestre su generosidad, considerando el buen estilo de caballeros y el afán constante de diálogo que hemos mantenido sobre nuestras reivindicaciones', añade. Sarobe confía en que se constituya una comisión, en la que la masonería participe, con el fin de estudiar posibles mecanismos de restitución.

Sambenito franquista

La Gran Logia de España, que cuenta en la actualidad con unos 2.500 miembros, no cuantifica el monto económico del patrimonio que fue usurpado. 'No es en absoluto el equivalente de 60 millones de euros, como se ha dicho: no podemos dar esa ni otra cifra, porque en el latrocinio fueron destruidos archivos y documentos', subraya Sarobe. 'Pero ante todo queremos que se reconozca públicamente nuestro honor, para de una vez borrar el sambenito que el franquismo nos echó encima: Franco nos acusó de todo, a nosotros, que siempre debemos jurar no participar en compló alguno contra el Gobierno establecido en el país que nos acoge', añade.

El gran maestro apuesta por el logro de 'acuerdos dialogados'. 'En lo económico, estaríamos dispuestos a recibir una compensación en especie: lo que necesitamos son sedes y, sobre todo, dada nuestra escasez de fondos, una seguridad financiera para cumplir con nuestra misión de hacer el bien y de sembrar los valores de la libertad y la convivencia'.

Una cuestión pendiente de solución y que ha sido reflejada en la recomendación efectuada por el Defensor del Pueblo, es el futuro de la sede de la Logia Capitular Añaza, en Santa Cruz de Tenerife. 'Pistoleros falangistas la tomaron a tiros, causando víctimas, y luego pasó al Ministerio de Defensa', recuerda Sarobe. 'Hace dos años, el ministerio la vendió al Ayuntamiento. Es algo que está en el limbo'.