Defensa excluye de sus órganos de participación a los inmigrantes que se alisten en las Fuerzas Armadas

Los extranjeros que se alisten en las Fuerzas Armadas españolas no podrán formar parte de los futuros consejos asesores de personal, a los que el decreto aprobado el pasado 8 de marzo por el Consejo de Ministros define como 'nuevo cauce para la presentación de propuestas o sugerencias en el que participarán militares de todas las categorías'. Al contrario de lo que sucede con el Consejo Asesor de la Guardia Civil, elegido por votación, los miembros de los consejos asesores de las Fuerzas Armadas serán designados por sorteo.

El decreto no excluye expresamente a los soldados extranjeros, lo que podría ir contra el principio de no discriminación, pero exige unos requisitos que estos no pueden cumplir. En concreto, afirma que para entrar en el sorteo será preciso 'contar con más de tres años de servicios efectivos'. De su lado, el proyecto de ley que permite la incorporación de extranjeros a las Fuerzas Armadas, actualmente en tramitación en el Congreso, afirma que éstos firmarán un 'compromiso único de tres años de duración'.

La exclusión de los consejos asesores significa que los extranjeros carecerán del principal cauce previsto para elevar 'propuestas o sugerencias' sobre su particular estatuto en las Fuerzas Armadas, incluso en materias como la 'acción y protección social'.

Precisamente ayer, el director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, presentó las primeras elecciones al Consejo Asesor de la Guardia Civil. Los 73.000 agentes en activo y 20.000 en la reserva elegirán, entre el 11 y el 13 de junio, a través de 600 ordenadores, a sus 800 compromisarios. Ya en julio, estos últimos designarán entre ellos a los 43 vocales del consejo.

Por su parte, el Grupo Socialista presentó ayer dos proposiciones de ley sobre el derecho de asociación profesional y el régimen disciplinario de la Guardia Civil. La primera señala que las 'asociaciones profesionales representan legítimamente a sus asociados en el Consejo Asesor de Personal' y 'podrán promover candidaturas para la elección' de dicho órgano de representación. La segunda proposición suprime los arrestos y atribuye la competencia disciplinaria al Ministerio del Interior, en vez de al de Defensa, cuando los agentes realicen tareas de seguridad ciudadana.