IU y PSOE llevan a las instituciones su rechazo a la reforma del PER

El rechazo político que ha suscitado en PSOE e IU el anuncio del ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, sobre la desaparición progresiva del actual sistema de subsidio agrario específico para los jornaleros andaluces y extremeños, tendrá su reflejo institucional en los próximos días. El coordinador regional de Izquierda Unida, Diego Valderas, anunció ayer que planteará una proposición no de ley en el Parlamento andaluz esta semana para 'conformar una opinión conjunta' en defensa del Plan de Empleo Rural (ahora llamado Aepsa). Los socialistas presentarán mociones en las Diputaciones.

El secretario de Desarrollo Rural del PSOE, Fernando Rodríguez Villalobos, tras reunirse en la mañana de ayer en Sevilla con los portavoces socialistas en las ocho Diputaciones, indicó que las mociones reclamarán la paralización inmediata de cualquier propuesta del Gobierno central para reformar el subsidio agrario y el Plan de Empleo Rural (ahora Aepsa). 'No se puede iniciar ningún cambio drástico en algo que afecta a 300.000 familias sin presentar ni un solo papel a los agentes sociales o los gobiernos autonómicos y locales', indicó en conferencia de prensa Rodríguez Villalobos.

El dirigentes socialista insistió en que el PSOE está dispuesto a participar en un diálogo para abordar cualquier reforma 'consensuada'. En caso contrario, advirtió, habrá 'una respuesta contundente' ante lo que calificó como 'la última cacicada' del PP.

El secretario de Desarrollo Rural del PSOE indicó que su partido está dispuesto a apoyar una reforma para 'mejorar el PER'. Según Rodríguez Villalobos, estos cambios incidirían en una mayor dotación financiera para las inversiones en proyectos que faciliten la generación de empleo estable (creación de suelo industrial, centros de empresas) en el entorno rural. En el PER, estos proyectos cuentan ahora con 23 millones de euros (3.700 millones de pesetas) frente a los 95 con los que el Gobierno subvenciona obras de infraestructuras en los Ayuntamientos.

Todos estas obras del PER son adjudicadas a jornaleros, que pueden incluir estos días contratados (nunca más de 20 al año) en las peonadas que se le exigen para tener derecho al subsidio agrario. En general, siempre que la renta mensual no supere unos límites, si la suma de las peonadas del PER y las echadas en el campo son más de 35 al año, los jornaleros tienen derecho a un subsidio, que hace las veces (aunque muy por debajo) de una ayuda por desempleo: algo más de 300 euros (50.000 pesetas al mes) durante seis meses.

Es este subsidio agrario lo que quiere reformar el Ministerio de Trabajo, incorporando a los jornaleros a un sistema de protección general para los trabajadores temporales. Y el final del subsidio agrario (que cuesta unos 840.000 euros al año) acarrearía la desaparición del PER, cuyo principal objetivo es sumar peonadas.

A la espera del documento en el que el Ministerio de Trabajo concrete su propuesta, CC OO también anunció la convocatoria para la próxima semana de la Mesa para la Defensa del Empleo Agrario, y la FAMP ha pedido una entrevista con el ministro. Por su parte, el secretario regional del PP, Antonio Sanz, reclamó al PSOE que 'deje de engañar' al proclamar la eliminación del subsidio agrario. Sanz aseguró que con la reforma, el Ejecutivo pretende cumplir uno de los mandatos suscritos con los agentes sociales en el Pacto de Toledo para facilitar a los jornaleros el acceso al régimen general de la Seguridad Social y al sistema contributivo en las prestaciones por desempleo.