Portugal opta por un recorte drástico del gasto para controlar el déficit

El Gobierno portugués preparó ayer, durante un Consejo de Ministros extraordinario, medidas drásticas para reducir el déficit público, que aumentó un 150% frente a las previsiones iniciales del anterior Ejecutivo socialista. El nuevo Gobierno de centro-derecha recortará gastos en Sanidad, Educación y Administración Local, fundamentalmente, según reconoció esta semana la ministra de Finanzas, Manuela Ferreira Leite.

El ministro de la Presidencia, Nuno Morais Sarmento, afirmó ayer que el Gobierno ha confirmado 'un descontrol total' de las cuentas públicas, cuyo déficit previsto por los socialistas fue a principios de 2001 del 1,1% del PIB y ahora se acerca al límite máximo fijado por el pacto de estabilidad europeo.

Durante una conferencia, Morais Sarmento explicó que el Ejecutivo estaba preparando el programa de Gobierno que será entregado el próximo lunes en el Parlamento y que sin duda definirá medidas drásticas de contención para el gasto público. El primer ministro, José Manuel Durão Barroso, afirmó el viernes que serán necesarias 'medidas de ahorro por parte de los trabajadores, los empresarios y los ayuntamientos'. Según Barroso, el primer ejemplo lo ha dado el Gobierno al reducir su número de miembros hasta ser el Ejecutivo más pequeño desde el ingreso de Portugal en la UE.

Ferreira Leite explicó que la reducción del déficit deberá realizarse mediante la disminución del gasto y no por el aumento de los ingresos, si bien la subida de los combustibles y el mayor control de los impuestos permitirá mejorar las cuentas públicas en lo que resta de año.

El comisario europeo de Economía, Pedro Solbes, afirmó este fin de semana que el déficit público de Portugal en 2001 no superará el 3% del PIB, si bien reconoció que superará la barrera del 2,4% previsto en las últimas semanas. Los responsables del nuevo Gobierno de Lisboa afirmaron en las últimas semanas que el déficit podría superar ese límite debido a los falsos balances presentados por el anterior Ejecutivo, con lo que Portugal se arriesgaría a ser sancionado por la Unión Europea con multas de hasta 600 millones de euros y la suspensión de fondos de cohesión.