Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra
Tribuna:LAS AYUDAS AL SECTOR AGRÍCOLA

Sostiene Cañete

El autor cuestiona la política que lleva a cabo el Ministerio de Agricultura y defiende la modulación en el reparto de ayudas a las explotaciones agrarias.

Sostiene Cañete que algunas organizaciones agrarias -léase Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)- pretenden confundir a la opinión pública lanzando un falso debate sobre la modulación de las ayudas agrarias, consistente en el método Robin Hood, por el cual se quita de aquellos que reciben más para dárselo a los agricultores menos favorecidos.

Coincide su aseveración el mismo día -el pasado 23 de marzo- en que se manifestaron decenas de miles de agricultores y ganaderos en Madrid, convocados por esta humilde organización, hasta ahora desconocida heredera del guardián del bosque de Serwood.

En un país donde ya casi nada se debate en público y, sobre todo, nada en los medios de comunicación públicos, sí es saludable el debate con el ministro Cañete aunque esté desatinada la justificación de su negativa a modular las ayudas de la Política Agraria Común de la Unión Europea. Recordemos que hoy, al menos, es posible la controversia sobre la utilidad social de las ayudas agrarias porque, afortunadamente, éstas se han hecho visibles para los ciudadanos.

Las políticas de desarrollo rural pueden ser un mecanismo de redistribución de renta

El ministro no defiende el interés general de los agricultores y ganaderos españoles

Antes de 1992, el presupuesto agrario protegía las rentas de los agricultores y ganaderos garantizando el precio por la venta de sus producciones y ello lo pagaban los consumidores.

Desde esa fecha, y con la ratificación de la Agenda 2000 en 1999, el gasto de la PAC se realiza habitualmente en ayudas directas y lo pagan los contribuyentes con sus impuestos, de modo que, guste o no, el señor Cañete tendrá que aceptar que la sociedad pueda opinar hacia dónde quiere que vayan sus impuestos y si, como suele generalmente aceptarse que los mismos financien servicios básicos como la sanidad, la educación o la seguridad, esté también dispuesta a admitir que además sirvan para subvencionar multimillonariamente a latifundistas, especuladores o simples rentistas, sólo por el hecho de tener más tierras o más cabezas de ganado.

No es una simplificación, es un dato: el 0,6% de los perceptores reciben el 20% del total de ayudas (721 millones de euros). En este selecto grupo destacan las sociedades mercantiles (anónimas, limitadas, etc.) y donde el 94% de las mismas se concentran en los tramos más altos de ayudas con más de 300.000 euros anuales por sociedad. Debe ser una forma más moderna de hacer menos visibles a los verdaderos perceptores que encuentran acomodo confortable detrás de las siglas, SA o SL, sin que las mismas puedan confundir al lector como abreviaturas de Santiago Albacete o Saturnino López, dos pequeños agricultores que trabajan la tierra heredada de sus padres.

Mantiene Cañete que deducir hasta el 20% en algunos perceptores de la PAC para mejorar las rentas de agricultores o ganaderos de zonas desfavorecidas o con limitaciones medioambientales, tal y como permite desde 1999 el reglamento comunitario, no tiene un papel de redistribución de rentas ni de políticas de desarrollo rural.

Sostiene la UPA que las políticas de desarrollo rural pueden ser un mecanismo de redistribución de rentas. Para que se entienda mejor, ¿qué es deducir el 20% del total de ayudas agrarias de la Casa de Alba para financiar rentas individuales de ganaderos en zonas de montaña? Desarrollo rural, sin duda, ¿verdad?

Constata Cañete que las comunidades autónomas que 'más aportarían' a la modulación serían Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, y que su aplicación provocaría deslocalización de las ayudas. Notable la preocupación del ministro para que no pierdan ayudas tres comunidades autónomas gobernadas por los socialistas, sólo contrastada por la agresividad mostrada hacia el presidente de la Junta de Extremadura por querer aplicar la modulación en su región, dado que en el Estado no se quiere aplicar. Pero sobre todo, el fervor autonomista esconde dos extremos no explicitados:

1. Las políticas agrarias -recordemos los impuestos- son para ayudar ¿a las hectáreas o a las personas?

2. Siendo verdad que las hectáreas se encuentran en Andalucía o Extremadura, ¿dónde se ingresan fiscalmente las subvenciones recibidas?

Veamos. En aceite de oliva, segundo sector en volumen de ayudas después de los cultivos herbáceos, tan sólo las 89 primeras solicitudes sacan fuera de Andalucía 11 millones de euros, señalando que 50 de ellas tienen personalidad jurídica y no física. En Extremadura, el 20% del total de las ayudas recibidas están domiciliadas en Madrid, luego la deslocalización que preocupa al ministro, o sea, la movilidad del dinero, lleva tiempo produciéndose.

Aunque siempre hay alguna justificación 'forgiana' que afirma que el hecho de que se reciban ayudas agrarias en la Gran Vía de Madrid tiene correlación con que antaño fue una cañada real. De hecho, todavía hemos visto pasar ovejas por ella para rememorarlo. Debe ser esto.

Asevera Cañete que la modulación aprobada en la Agenda 2000 podría conducir a distorsión de los mercados, discriminación y agravios comparativos entre agricultores. Afirmación que desmiente una anterior -muy reciente- de 21 de noviembre de 2001 cuando su ministerio, presentando el Programa de Desarrollo Rural para las medidas de acompañamiento en España a la Comisión Europea, afirma: 'Mientras los costes variables unitarios no siguen una ley definida y, por tanto, no tiende monótonamente a aumentar o disminuir en relación con el número de hectáreas, los costes fijos y los costes totales (unitarios) tienden a disminuir conforme crece el número de hectáreas de SAU (superficie agraria útil), produciéndose una renta extraordinaria inherente a las economías de escala y por tanto, al tamaño de la explotación en relación con la superficie óptima. Asimismo, se genera una renta residual del factor tierra produciéndose por acumulación un excedente económico... En consecuencia, conviene prever una discriminación positiva favorable a las pequeñas y medianas explotaciones'. En pocas palabras, se predica en Bruselas y se niega el trigo en Madrid.

Tranquilícese el ministro cuando se preocupa por la distorsión de los mercados porque la rentabilidad global del trabajo y la remuneración de capitales propios y del trabajo del empresario es más del doble en las explotaciones susceptibles de ser moduladas. Además, si aplicándose en Francia la modulación ¿cómo es posible que la renta por ocupado sea el doble que la española? ¡Claro!, porque son franceses.

Cálmese el ministro cuando opina que la modulación produce agravios comparativos entre agricultores, ya que, de producir algo, es desagravios ¿En qué sentido? Si medimos las ayudas recibidas en función del empleo generado, cada euro de subvención sostiene el triple de empleos en una explotación con volumen bajo de ayudas que en las grandes perceptoras. (Fuente: Anexo 7 del Informe sobre la Aplicación en España de la Modulación de las Ayudas Directas de la Política Agraria Común. MAPA).

Esto da para más si Cañete sostiene el debate. UPA mantiene que el ministro no defiende el interés general de los agricultores y ganaderos españoles. Por lo menos hasta el momento.

Fernando Moraleda es secretario general de UPA.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 13 de abril de 2002