Uno de los líderes serbios más buscados por La Haya se pega un tiro

Yugoslavia aprobó ayer una ley para extraditar criminales de guerra al Tribunal Penal Internacional de La Haya (TPIY). Poco después de la aprobación de la ley, Vlajko Stojilkovic, ex ministro del Interior de Serbia, buscado por La Haya por presuntos crímenes de guerra en Kosovo, se pegó un tiro en la cabeza ante la entrada principal del Parlamento en Belgrado. Stojilkovic, que daba señales de vida, ingresó en estado crítico en un hospital de Belgrado.

Yugoslavia aprobó ayer por ley las extradiciones a La Haya, tras fuertes presiones de Occidente para seguir proporcionando ayuda a su exhausta economía. La aprobación de la ley de cooperación con el TPIY permitirá que las primeras extradiciones se produzcan este mismo mes, según los cálculos del Gobierno. El viceprimer ministro federal, Miroljub Labus, defendió la ley como 'la única posibilidad de que Yugoslavia pueda luchar contra los prejuicios que el mundo tiene contra los serbios' como supuestos principales culpables de las guerras en la antigua Yugoslavia. Según Labus, el TPIY ayudará a que se establezcan culpabilidades individuales, no colectivas. El ministro yugoslavo de Justicia, Savo Markovic, destacó al final de los debates en el Parlamento: 'Nadie está contento [por la aprobación de la ley]. Todos estamos descontentos, pero todos nos hemos merecido esto'.

Las extradiciones han estado en el centro de una grave crisis que ha abierto fisuras en la coalición que gobierna en Yugoslavia desde octubre de 2000, cuando Milosevic perdió el poder. La primera disputa surgió por la entrega al TPIY de Milosevic, en junio de 2001, por un decreto aprobado por el Gobierno serbio y rechazado por el presidente yugoslavo, Vojislav Kostunica, siempre firme partidario de regular por ley la cooperación, para que no fuese 'arbitraria' y a golpe de presiones internacionales. El primer ministro serbio, Zoran Djindjic, se mostró dispuesto a extraditar por decreto para no llevar al país a un nuevo aislamiento.

El opositor Partido Socialista de Serbia, de Milosevic, y los ultranacionalistas serbios se opusieron a la ley y acusaron al Gobierno de 'traidores y títeres', que proceden a la 'venta' de sus ciudadanos por 'un puñado de dólares'.