Lo que guarda la memoria

La memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha tenido la virtud de provocar la reacción de todos a quienes atañe la aplicación de la ley Penal del Menor y, a la vista de las disculpas y los reproches expuestos, de poner en evidencia cuáles son las carencias o los vicios que arrastra su ejecución. Todo comenzó con una crítica generalizada desde la presidencia del tribunal a los fiscales por no 'profundizar' en el carácter preventivo o educativo, más que punitivo, de la norma y por aplicar con más rigor las medidas de internamientos para los menores de edad que con los adultos.

Parece cierto que en determinadas provincias los fiscales utilizan unos criterios distintos a la hora de elegir entre un internamiento (en apariencia una decisión más cómoda) o una medida de readaptación en régimen abierto. Esto significa que un joven delincuente puede permanecer encerrado en un centro de reforma o integrarse en un grupo de atención según en qué provincia de Andalucía sea juzgado. Granada, gracias a la buena sintonía entre jueces y fiscales, y a la famosa imaginación de Emilio Calatayud (el titular del juzgado de Menores) es una provincia ejemplar. Pero hay otras donde al parecer no funcionan del mismo modo.

La crítica de la presidencia del Tribunal andaluz a ciertas fiscalías sería encomiable si no ocultara ciertas evidencias. La principal que, si bien los fiscales son quienes proponen las medidas, la decisión final la adoptan los jueces del propio tribunal que no son objeto de crítica en una memoria que, sólo por esta razón, ya es desmemoria.

Las alusiones también críticas a la falta de espacios para menores detenidos en las comisarías recalca ese papel todopoderoso y neutral que adopta el presidente del TSJA Augusto Méndez de Lugo.

El análisis que hace el informe, para ser sincero, debería cuestionar además la capacidad de la Consejería de Asuntos Sociales para disponer y administrar los centros necesarios para acoger a todos los menores delincuentes. No es así, y a cualquiera le asalta la sospecha de que esa rara sintonía entre el TSJA y Asuntos Sociales parece más bien un acuerdo para ocultar mutuas deficiencias.

De hecho, el consejero del ramo, Isaías Pérez Saldaña, se apresuró a dar la razón al TSJA y a expresar su malestar por el uso excesivo que los fiscales hacen del internamiento. Habría que preguntar dónde está el exceso, si en una hipotética rutina jurídica que elige la confinación de los menores, o en la petición de Pérez Saldaña para aplicar la ley de una manera determinada a cuenta de una escasez de medios materiales. La adopción de más medidas educativas por la saturación de los centros de acogida sería disparatado.

Y al hilo de los anhelos del consejero habría que reflexionar sobre el hecho de que la mayoría de los centros de reforma estén en manos privadas. De hecho, entre los centros cerrados, donde se encuentran los menores más conflictivos, sólo uno, en Málaga, es de gestión directa. A la hora de hacer memoria no conviene olvidar a nadie.