La infertilidad, en la sala de espera

Me alegra enormemente leer en las páginas de Salud de EL PAÍS del 2 de abril un artículo dando a conocer la falta de recursos públicos en España para el tratamiento de la infertilidad.

En España somos más de 800.000 las parejas con problemas para concebir. Y esta cifra aumenta en unas 16.000 nuevas parejas cada año. Está demostrado que hasta el 19% de las parejas en las que la mujer se encuentra en edad reproductiva tienen problemas a la hora de concebir, y sólo la mitad de ellas demanda ayuda médica, bien por desconocimiento, bien por falta de recursos.

El catálogo de prestaciones de la Seguridad Social incluye el diagnóstico y tratamiento de la esterilidad como una de las prestaciones a las que tiene derecho la población española atendida por el SNS. Pero la realidad es que hay una insuficiencia de centros públicos para absorber y atender la demanda de estudios y tratamiento por esterilidad, siendo las listas de espera de dos a ocho años hasta que las parejas pueden acceder a un tratamiento. Incluso muchos de los centros públicos no disponen de los avances técnicos necesarios para muchos tratamientos. Adicionalmente está el hecho de que la localización de los centros públicos que realizan técnicas de reproducción asistida no sigue un patrón geográfico y poblacional definido, y no en todas las comunidades autónomas se dispone de esta prestación. Como consecuencia de todo ello, se estima que más del 50% de los tratamientos se practica en centros y clínicas privadas.

La esterilidad nunca había sido tenida en cuenta por nuestros 'gobernantes', hasta ahora. Hemos necesitado llegar a límites bajos de natalidad para que alguien se haya acordado de que existen las parejas infértiles y que necesitan un poco de ayuda. Y ese alguien ha sido nuestro actual Gobierno.

Por fin nuestras voces han llegado al Congreso de los Diputados mediante la proposición no de ley número 161/920 relativa al fomento de la natalidad en España mediante una cobertura mayor del tratamiento de la infertilidad, que fue aprobada a finales del año 2001. Pero seguimos sin ver una solución. Ahora falta que las comunidades autónomas hagan uso de sus competencias en materia sanitaria para hacer llegar a los pacientes infértiles la ayuda que desde hace años estamos solicitando.

Desde CERES queremos agradecer al Gobierno su iniciativa, y rogamos encarecidamente a los consejeros de Sanidad de las distintas comunidades autónomas que pongan en marcha las medidas necesarias para que tantas parejas españolas puedan cumplir su sueño de tener un hijo.