Aznar quiere imponer su criterio
El presidente del Gobierno, José María Aznar, mantiene que el Pacto Antiterrorista, que suscribió hace 16 meses junto a José Luis Rodríguez Zapatero a iniciativa de los socialistas, no es troceable. Por eso, el PP y el Gobierno entienden que el PSOE no puede enmendar ahora un texto legal, el redactado por el Ejecutivo sobre la reforma de la Ley de Partidos Políticos, cuyo principal objetivo es ilegalizar a Batasuna.
La nueva fractura entre populares y socialistas surge en plena ofensiva del PP, tras el nombramiento del nuevo secretario general del PSE, Patxi López.
Los socialistas ponen reparos, aunque defienden la necesidad de la norma. Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional y portavoz socialista ante la Comisión Constitucional del Congreso, califica de 'frivolidad' la actitud del PP de exigir que se diga sí a todo el anteproyecto.'
López Garrido, que cuenta con llevar la dirección socialista en la tramitación de esta ley, se muestra favorable a 'reformar la regulación preconstitucional de los partidos políticos con atención hacia Batasuna, en un momento en que el fenómeno del terrorismo está tan presente'.
Consenso necesario
El diputado socialista considera que 'se trata de una ley cuasi constitucional, porque fija las reglas del juego democrático (como el Reglamento del Congreso o la Ley Electoral), por lo que hace falta recurrir al consenso'.
En cuanto al texto del anteproyecto gubernamental, López Garrido cree 'necesario introducir mejoras para que sea constitucional y, además, se sume el máximo posible de partidos'.
Entre las modificaciones que desean introducir los socialistas figura que sólo el Ministerio Fiscal pueda 'instar la ilegalización de Batasuna' y se suprima la legitimación de 50 diputados, 50 senadores y el Gobierno.
Sin el acuerdo del PSOE, el Pacto Antiterrorista sufriría una de sus crisis más importantes. Sin embargo, el PP apenas quiere hacer variaciones en el articulado, al que es probable que propongan sugerencias el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, a los que se ha remitido el anteproyecto.
