La oposición exige a Álvarez Cascos que releve en Fomento a Benigno Blanco
El PSOE, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y Ecologistas en Acción pidieron ayer al ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, que destituya al secretario de Estado de Infraestructuras, Benigno Blanco, para quien la fiscalía de Madrid solicita ocho años de cárcel por delitos de falsedad, prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos. La fiscalía acusa a Blanco y a otros seis ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente de haber aprobado en 1996, cuando Blanco era secretario de Estado de Aguas, la construcción de un embalse en Santa Liestra (Huesca) sin los preceptivos informes geológicos del terreno, entre otras irregularidades.
El portavoz socialista de Medio Ambiente en el Congreso, Víctor Morlán, calificó de 'gravísimas' las imputaciones de la fiscalía y señaló que Blanco debe 'presentar inmediatamente su dimisión por su responsabilidad política'. 'Si Blanco no toma esta iniciativa, es el Gobierno el que debe promover su cese', destacó.
Joan Saura, presidente de Iniciativa per Cataluña, también reclamó el relevo de Blanco por entender que 'carece ahora de autoridad moral y política' para ser el número dos de Fomento. 'Es escandaloso', dijo, 'que alguien que puede haber aprobado un proyecto prevaricando y beneficiando a una compañía esté ocupando un cargo público'. Para Ecologistas en Acción, la conducta de Blanco refleja 'la supeditación de la política hídrica del Gobierno a los intereses de las constructoras y las eléctricas'.
Álvarez Cascos y la dirección nacional del PP defendieron, por su lado, el comportamiento de Blanco. El portavoz del PP, Rafael Hernando, dijo: 'Se trata de la acusación de un fiscal, lo que no implica absolutamente nada, y además sobre un asunto que ya fue archivado por otro tribunal'. Según él, el origen de esta denuncia 'es político y partidista'.
El ministro Alvarez Cascos respaldó 'la integridad y honorabilidad profesional' de Blanco y calificó de 'insidia inaceptable' que se hagan 'insinuaciones de conductas reprochables'.
Prevaricación y falsedad
Blanco y otros seis ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados para responder del total de seis delitos (entre ellos, prevaricación, fraude, falsedad y estafa) que les imputa la fiscalía de Madrid. Blanco está acusado de aprobar en 1996 la construcción del citado embalse, pese a la ausencia de los preceptivos informes geotécnicos del terreno, para supuestamente favorecer a una compañía hidroeléctrica. Blanco ha negado haber favorecido a ninguna empresa y asegura que, sobre este asunto, tiene 'la conciencia intelectual, moral y política, muy tranquila'.
La presa, aún sin construir, fue presupuestada en 120 millones de euros (unos 20.000 millones de pesetas).
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