La UE examina si RTVV destina a verdadero servicio público los fondos de la Generalitat

La Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea se pronunciará en breve sobre las denuncias presentadas por algunas televisiones privadas acerca de la financiación de las cadenas públicas españolas. 'Tratamos de ver si el dinero público se ha destinado verdaderamente a asegurar la misión de servicio público, además de controlar e impedir eventuales prácticas abusivas' en materia de ayudas del Estado, según uno de los expertos de la Dirección General de la Competencia. Entre esas televisiones se encuentra RTVV, según otras fuentes de la UE.

Las denuncias de las televisiones privadas europeas sobre la financiación de las públicas han llevado a los expertos de la Dirección General de la Competencia a examinar con profundidad a qué destinan los operadores públicos de radiotelevisión el dinero del contribuyente. 'Estamos examinando cómo las televisiones públicas españolas y de otros estados gastan el dinero público y si se dan casos de ayudas de estado encubiertas'. La CE 'no se opone a una financiación mixta' (dinero público más publicidad), pero quiere asegurarse de que esté destinada exclusivamente a asegurar la misión de servicio público. 'Y en bastantes casos esto se incumple, no sólo en España, sino también en otros estados miembros', asegura uno de los técnicos de la dirección de la Competencia.

La CE ya ha abierto procedimientos formales por ayudas de estado encubiertas a organismos de radiotelevisión públicos en Italia y en Francia y adoptará en breve una decisión en los casos que afectan a Portugal y España. El Ejecutivo de la UE también ha recibido denuncias sobre la financiación de entes públicos del Reino Unido, Bélgica, Grecia, Irlanda, Austria, Dinamarca y Suecia.

En su documento del 17 de octubre de 2001, el Ejecutivo europeo precisa que los estados miembros tienen absoluta libertad para determinar la amplitud del servicio público audiovisual, así como su financiación y organización, en función de su historia y de sus necesidades. La Comisión Europea requiere, eso sí, transparencia, para poder apreciar la proporcionalidad de la financiación pública y 'controlar eventuales prácticas abusivas'.

Bruselas exige de los estados miembros -tal como detalla el protocolo sobre la radiotelevisión pública anejo al Tratado de Amsterdam de 1997- 'en primer lugar una definición precisa de la misión del servicio público audiovisual, y en segundo, instaurar una autoridad apropiada que controle el día a día del servicio público'. El Ejecutivo de la Unión permite a los estados integrar un vasto abanico de programas en el marco del denominado servicio público 'y aquí están comprendidos programas de ocio y deportes'. Pero excluye tajantemente aquellos programas y actividades 'de los que razonablemente no es posible considerar que responden a las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad'.

'La definición de las misiones del servicio público es responsabilidad exclusiva de los estados miembros. Luego es posible incluir programas de diversión si se consideran necesarios para atraer los telespectadores hacia otros programas de servicio público'. La CE sólo intervendrá en caso de que la definición del servicio público comporte un caso de 'error manifiesto'. Pero un programa popular no es a priori un caso de error manifiesto. ¿Lo son los programas-basura como Tómbola?: 'Es uno de los aspectos que examinamos', dice uno de los expertos de la Comisión.