Gil ofrece pagar con parcelas a los propietarios del terreno donde construirá 3.000 viviendas sociales

El alcalde de Marbella, Jesús Gil, ofreció ayer compensar con parcelas urbanizables a los dueños del terreno donde pretende construir 3.000 viviendas para jóvenes. Gil ha optado por la negociación con los afectados, y descarta de momento recurrir a la vía de la expropiación forzosa de estos 111.000 metros cuadrados situados al norte del polígono industrial La Ermita, que se destinarán a la construcción de la primera fase de los polémicos inmuebles sociales. Mientras tanto la oposición sigue reclamando 'suelo legal' para las viviendas.

Jesús Gil mantuvo ayer en el Club Financiero Inmobiliario una primera toma de contacto con 12 de los 27 propietarios de las parcelas a las que ha decidido trasladar en la última semana su Plan de Viviendas, previsto en principio en 630.000 metros cuadrados calificados como suelo forestal no urbanizable. El cambio de ubicación no gustó nada a los afectados, que el miércoles mostraron su disconformidad con que el proyecto del regidor se acometa en sus fincas. 'Que expropie su casa si quiere. Si las máquinas quieren entrar en mi terreno tendrán que pasar por encima de mi cadáver', espetaron algunos de los parcelistas durante el pleno extraordinario convocado por el regidor para explicar los pormenores de sus pisos sociales.

Ayer los ánimos estaban más calmados. La reunión duró poco más de una hora. Gil propuso a los dueños de las parcelas la creación de una junta de compensación que desembocaría en un futuro convenio. Según explicaron tres de los afectados, la oferta del regidor establece que el Ayuntamiento se reservaría una parte del suelo para las viviendas sociales y el resto, 'ya recalificado', se repartiría 'equitativamente' entre sus legítimos propietarios 'con arreglo a la superficie que en la actualidad tiene cada uno'.

La docena de afectados que acudieron a la convocatoria ha recibido 'con cautela' esta primera propuesta, que se llevará más detalladamente a una próxima reunión para la que aún no hay fecha. Mientras algunos consideran 'lógica' la oferta del equipo de gobierno, otros han preferido poner el caso en manos de sus abogados, y se niegan a negociar con Gil y Gil. El regidor, que estuvo acompañado por el primer teniente de alcalde, Julián Muñoz, y el responsable de Urbanismo, Juan Antonio Roca, explicó el proyecto de viviendas y mostró planos de la zona.

Los propietarios de las fincas se enteraron el pasado miércoles por la prensa de los planes de Jesús Gil de expropiarles sus terrenos. Aseguraron que 'nadie' les comunicó nada, y que el Ayuntamiento les dijo anteriormente que no podían vender las parcelas 'porque no eran urbanizables'. Sin embargo, Gil insiste que se trata de suelo urbanizable programado. Por el contrario la oposición municipal sostiene que los citados terrenos están calificados como sistema general de áreas libres en el propio texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado también el miércoles por el Grupo Independiente Liberal. Añaden que el planeamiento elaborado por el GIL contemplaba además la construcción en dichas parcelas del parque periurbano de Ventevacio.

El portavoz del Partido Andalucista, Carlos Fernández, volvió a reclamar ayer 'una alternativa de suelo municipal, legal y urbanizable' para el proyecto. 'Es vergonzoso que el alcalde de la ciudad tenga que recurrir a la expropiación forzosa', señaló Fernández, que aseguró que 'Marbella tiene suelo municipal suficiente para construir las viviendas sociales', una opinión que comparten los otros grupos de la oposición. Jesús Gil lo niega, y mantiene que según el PGOU de 1986, el único que la Junta de Andalucía considera vigente, 'no quedan terrenos legales en el término municipal de Marbella' para llevar a cabo su proyecto de viviendas.

En cualquier caso, Gil ha dado ya luz verde a los trámites previos para la construcción de las viviendas. El equipo de gobierno ha aprobado un crédito presupuestario por unos cinco millones de euros para la adquisición de estos 111.000 metros cuadrados de terreno, que se ampliarán hasta los 451.000, y ha acordado la creación de una sociedad municipal para gestionarlas.