Suspendido el juicio por fraude al PER para cambiar la acusación en beneficio de los imputados
La Fiscalía podría retirar los cargos contra casi cuarenta de los 47 encausados
El juicio contra 47 imputados por el mayor fraude al Plan de Empleo Rural (PER) de la provincia comenzó ayer, pero fue suspendido hasta el lunes a petición de la fiscalía para hacer una nueva calificación de los hechos. Mediante 27.808 peonadas falsas, los acusados defraudaron al Inem unos 975.000 euros entre los años 1990 y 1994 en Antequera. Letrados y fuentes judiciales daban por hecho que el Ministerio Público modificará el delito por el que estaban procesados, lo que exculparía a cerca de cuarenta acusados y sólo dejaría en el banquillo a los máximos responsables del fraude.
El propio fiscal, Antonio Morales, tras la oposición de algunas defensas al aplazamiento, avanzó que formulaba la petición 'en beneficio de los acusados'. La sala tres de la Audiencia provincial que juzga el caso, tras deliberar unos minutos, acordó la suspensión.
Sin abundar en detalles, momentos antes, el Ministerio Público había esgrimido una sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2001 sobre un caso parecido para justificar su petición de aplazamiento. Morales se limitó a pedir la suspensión para hacer 'una modificación sustancial de la calificación'. En el escrito de acusación con el que había llegado a la sala, pedía entre uno y seis años de cárcel para los 47 imputados por delitos continuados de falsificación de documentos y estafa.
Fuentes judiciales explicaron después que el fallo del Supremo al que aludía el fiscal -posterior a su calificación- correspondía a un fraude similar cometido en el municipio malagueño de Moclinejo, en el que sólo resultó condenó al alcalde que firmó las peonadas falsas. En esa causa, el alto tribunal encuadró los hechos como delito contra la hacienda pública y la Seguridad Social, tipificación que fue la que precisamente dejó fuera de la vía penal a la mayor parte de los imputados.
Ayer, cuatro defensas con idénticos argumentos se opusieron a la suspensión del juicio por entender que no era el momento procesal para cambiar la calificación, sino que en todo caso debía realizarse al final de la vista. Incluso algún letrado hizo hincapié en que el aplazamiento carecía de sustento legal.
La sala preguntó al fiscal si la modificación que tenía en mente, a la luz de la aludida sentencia, sería en beneficio de los acusados. El Ministerio Público replicó que sí, aunque no dio más precisiones. Sólo añadió que el cambio no podía hacerlo con la premura de un día. El fiscal también aclaró ante las preguntas de los jueces, que la modificación no alteraría su relato de los hechos.
Los tres magistrados que componen la sala se retiraron a deliberar y en menos de cinco minutos regresaron con su decisión: aplazamiento de la vista hasta el lunes próximo. Fuentes judiciales aclararon después que si se aplica en este caso la misma tipificación que el Supremo esgrimió en la sentencia de junio pasado, serían exculpados casi 40 de los 47 imputados. No obstante, precisaron que ello no supondría eximirlos de su responsabilidad administrativa y de la obligación de devolver el dinero indebidamente cobrado.
De hecho, a los trabajadores de Moclinejo, aunque que no fueron condenados, el Inem les exige el reintegro de las cantidades percibidas indebidamente gracias a las peonadas falsas. Una actuación que llevó a IU a pedir a la Subdelegación del Gobierno una solución política dada la situación de extrema pobreza del pueblo. Todavía no ha habido una respuesta por parte de la Administración central.
