Nucleares bajo presión

Como la lluvia fina, que empapa sin alardes, el debate sobre el futuro de la energía nuclear ha llegado a España. El fracaso de la liberalización del sector energético en EE UU, la preocupación por el medio ambiente, la nueva política de la Administración de Bush y la presión de las multinacionales han dado nuevos argumentos a los defensores de la energía nuclear.

El programa de Bush pretende que la energía nuclear eleve su participación en la tarta energética más allá del 20% actual

Además de la tasa por la moratoria nuclear, los consumidores pagan el 0,8% del recibo a la Empresa de Residuos Radiactivos

El desmantelamiento de Vandellós I (Tarragona), fuera de servicio desde 1989, se iniciará en el año 2027

Día 14 de enero de 2002. El salón del madrileño hotel Ritz donde se celebra el encuentro Europa 2002 está a rebosar. Invitada de honor, la comisaria de Energía y de Transportes de la UE y vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio. Asiste lo más granado de los sectores empresariales con los que se relaciona la ex ministra de Agricultura en Bruselas. El acto se celebra apenas un mes después de que España haya sufrido un serio problema de apagones eléctricos (17 de diciembre de 2001) y se alarga. Está a punto de concluir. De pronto, una gran amiga de la comisaria europea, ex compañera de Loyola de Palacio en el primer Gobierno de Aznar, Isabel Tocino, lanza la pregunta: ¿qué opinión le merece a la comisaria el futuro de la energía nuclear en Europa? Y Loyola se despacha a gusto: 'A la gente no se le puede seguir engañando', afirma, 'diciendo que es posible renunciar a la energía nuclear'.

Encantada de ser profeta en su tierra, Loyola de Palacio rompía así el dique de precaución, asentado en el rechazo instintivo de la mayoría de la población al tema nuclear, que hasta ahora había impedido debatir en España sobre este método de producción de energía. Las siete centrales que existen en el país, distribuidas por toda la geografía, proporcionan el 27% de la electricidad que se consume. El tema era tabú desde que a mitad de los años ochenta se aprobara la moratoria nuclear que, entre otras cosas, todavía compensa a las eléctricas que invirtieron en instalaciones proyectadas en los años setenta y finalmente no desarrolladas, con el 3,450% del recibo de la luz que pagan los usuarios.

Roto el dique, los empresarios eléctricos, con el presidente de Endesa, Rodolfo Martín Villa, a la cabeza, se han lanzado, sin tapujos, a defender las centrales nucleares. Martín Villa, apoyado por el todavía presidente de la asociación patronal eléctrica Unesa, José María Amusátegui, y por el recién nombrado presidente de Unión Fenosa, Victoriano Reinoso, han abogado en todos los tonos y en todos los foros por desempolvar los manuales sobre energía nuclear con un objetivo aparente: impulsar la construcción de nuevas centrales y el mantenimiento de las actuales para garantizar el suministro de electricidad en un momento en que el consumo crece a ritmos del 6%.

El sector eléctrico no se ha lanzado a la piscina nuclear sin agua. Los vientos soplan a su favor. Especialmente los que llegan del otro lado del Atlántico. La nueva Administración estadounidense que dirige George Bush, la misma que se ha negado a firmar el Protocolo de Kioto contra la emisión de gases contaminantes a la atmósfera y en la que tienen un peso indiscutible los puntos de vista de las multinacionales que fabrican equipos de generación nuclear (General Electric o Westinghouse) considera la energía nuclear un puntal estratégico de su desarrollo económico futuro.

Preocupación ecológica

Entre las 105 recetas económicas del programa Bush se incluye la derogación de la moratoria nuclear para construir nuevas centrales (EE UU tiene 104 de los 438 reactores que existen en el mundo) y lograr que la energía nuclear eleve su participación en la tarta energética estadounidense más allá del 20% actual.

La justificación básica de la energía nuclear, utilizada a ambos lados del Atlántico es simple. La asumen en los mismos términos tanto el presidente de la National Regulatory Commision (NCR) de EE UU, Richard Meserve (último número, en inglés, de la revista de la Sociedad Nuclear Española), como la vicepresidenta de la UE, Loyola de Palacio: la energía nuclear es la más barata y tiene un bajo coste medioambiental porque no emite gases de los que contribuyen al efecto invernadero.

En el sector energético español se esgrime como ejemplo de rentabilidad el caso francés, donde la empresa pública estatal Electricité de France (EDF) gana dinero, compra empresas en el exterior (Hidrocantábrico en España) y defiende la calidad del servicio público gracias a que se beneficia de que el 76,4% de la electricidad que distribuye se genera en 59 reactores nucleares que producen electricidad a bajo precio.

Es un punto de vista que también se maneja en la patronal española CEOE, sensible a las quejas del sector eléctrico español y temerosa de la ofensiva energética francesa en el continente. El apoyo teórico ya está elaborado. En el informe La energía en la España del siglo XXI (2000-20025), realizado por el Instituto de Estudios Económicos, IEE (del que procede, entre otros, el actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro), se afirma (página 97) que 'en la actualidad, resulta imposible que España prescinda de la producción eléctrica de origen nuclear, y en caso de que se produzca un crecimiento económico elevado, tendremos que pensar en la ampliación del parque de generación nuclear como energía base estratégica del sistema eléctrico español a partir del periodo 2008-2012'.

Ese periodo que menciona el IEE coincide con 'la segunda década del siglo', la época en que, según dijo públicamente el presidente de Unión Fenosa, Victoriano Reinoso, la pasada semana, España verá cómo entran en funcionamiento nuevas instalaciones nucleares.

Silencio administrativo

Las demandas del sector energético español, amplificadas desde Bruselas por la vicepresidenta de la Comisión Europea, han tenido, de momento, una acogida prudente por el Gobierno del PP. En el reciente borrador de Planificación Energética elaborado por el Ministerio de Economía hasta el año 2011 sólo está previsto el mantenimiento del parque nuclear actual, compuesto por las centrales de Garoña (50% Endesa, 50% Iberdrola); Cofrentes (100% Iberdrola); Ascó (100% Endesa); Trillo (34,5% Fenosa, 48% Iberdrola, 15,5% Cantábrico, 2% Nuclenor); Cabrera (100% Fenosa)Vandellós (72% Endesa, 28% Iberdrola) y Almaraz (Endesa 36%, Iberdrola 53% y Fenosa, 11%).

El Plan Energético, que se debate ahora en el Parlamento, apuesta sobre todo por el gas natural como recurso de producción de electricidad mediante centrales de ciclo combinado en los próximos años. El Gobierno del PP mantiene lo que está en funcionamiento, espera el resultado del debate nuclear que se desarrolla en Europa (Alemania y Suecia han aprobado el desmantelamiento de sus centrales en los próximos 20 años mientras los Gobiernos del Reino Unido e Italia abogan por nuevas instalaciones) y contempla, sin desgaste en el interior, cómo desde Bruselas, uno de los suyos, la comisaria y ex ministra Loyola de Palacio defiende con uñas y dientes los intereses del poderoso lobby energético, respaldada por el temor generalizado a las carencias energéticas en los próximos años.

Pero la batalla va a ser dura. En las últimas décadas, el movimiento ecologista ha aprendido a debatir sobre los argumentos economicistas simples y, lo que es más importante, a trasladar sus mensajes a una sociedad muy marcada por el estallido de la central nuclear de Chernóbil (26 de abril de 1986). El punto de vista de los ecologistas ha calado hondo en todas las sociedades desarrolladas.

Básicamente, ese punto de vista, contrario a la energía nuclear, se centra en cuestionar las dos premisas a favor de las centrales: la energía nuclear, afirman sus detractores, ni es barata ni es neutral con el medio ambiente.

Porque ¿cómo se puede calcular el coste de mantener a buen recaudo residuos dañinos que permanecen activos durante miles de años? Y ¿cuánto cuestan los sistemas de seguridad aceptable en una central?

En España, al margen del porcentaje que se paga por la moratoria nuclear y los 5.500 millones anuales del presupuesto que se destinan al Consejo de Seguridad Nuclear (el órgano de control de las nucleares), los consumidores aportan un 0,8% de cada recibo de la luz a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), creada en 1984 para gestionar los restos que producen las centrales nucleares.

El problema de los residuos es importante, aunque como con la botella medio llena o medio vacía, todo depende del punto de vista. Según Enresa, dentro de unos 20 años (hacia 2030), España sólo tendrá en su suelo 12.000 metros cúbicos de residuos de alta actividad (el equivalente a una piscina olímpica de 50 metros) y 200.000 metros cúbicos de residuos de baja y media actividad, equivalentes a un cubo de las dimensiones de un campo de fútbol.

El problema de dónde colocar ese material peligroso está resuelto, según Enresa, hasta 'la segunda década del siglo' con el cementerio nuclear de El Cabril (lugar ubicado a 130 kilómetros de Córdoba), en las estribaciones de la Sierra Albarrana. Pero ¿y después? Por el momento no hay respuesta. Los detractores de la energía nuclear destacan, precisamente, esa provisionalidad en los planes de la industria, que tienden a resolver sólo el problema inmediato, ya sea de suministro o de rentabilidad de la inversión. El problema de los residuos es, afirman, un legado envenenado a las generaciones futuras, que estarán obligadas a convivir con un problema que generará, a la larga, un fuerte desembolso.

Hablar de dinero en un asunto como la energía nuclear, aseguran los colectivos ecologistas, es engañoso, porque ¿quién se atreve a calcular el coste de la catástrofe de Chernóbil? Planteado así, el problema no tiene solución, porque en términos económicos no puede calcularse el coste de una seguridad infinita.

Por ello, quizá más que el dinero, sea el factor tiempo la variable que más ayuda a enmarcar la cuestión nuclear. Un dato: el desmantelamiento de la central de Vandellós I (Tarragona), que quedó fuera de servicio en 1989 a causa de un incendio, se inició en 1990. El denominado nivel de desmantelamiento 3, que permitirá utilizar el terreno para otros fines en un futuro sin concretar, se iniciará en el año 2027. Sólo entonces se podrá desmontar el reactor nuclear con un mínimo de seguridad.

Debate público

Los términos del hipotético debate están claros, aunque convendría que, bien ahora, bien cuando termine el plazo fijado por el borrador de política energética, la discusión se escenifique en el Parlamento, con un Libro Blanco elaborado previamente por economistas independientes y sin restricción alguna en la información. Es decir, lo que se entiende en un país democrático por debate. Es una práctica que no se ha seguido en España en las dos últimas legislaturas. El Gobierno ha adoptado decisiones de gran alcance sobre servicios públicos o semipúblicos -por ejemplo, sobre la electricidad, las autopistas, la sanidad o sobre el agua, como el Plan Hidrológico- sin confrontar sus opiniones con las de la sociedad.

La cuestión decisiva en la actualidad es si las empresas eléctricas están dispuestas a construir nuevas centrales nucleares en condiciones de economía de mercado; o si lo que se pretende es que la Administración apruebe condiciones tarifarias y financieras que permitan afrontar nuevos planes nucleares sin riesgo para las compañías.

La primera pregunta tendría probablemente una respuesta negativa; es decir, si se levantara la moratoria nuclear y en el supuesto de que no se produjese una presión social insostenible contra las nuevas centrales nucleares, es muy dudoso que Endesa, Iberdrola o Unión Fenosa apostaran las inversiones necesarias, con sus recursos propios o financiación a cargo de su deuda, para construir nuevas plantas. El impacto sobre sus balances sería insostenible; y en términos de mera rentabilidad económica sería poco recomendable. Eso es lo que indica una revisión de las cifras de deuda, cash flow y utilización de recursos de las tres grandes eléctricas españolas.Día 14 de enero de 2002. El salón del madrileño hotel Ritz donde se celebra el encuentro Europa 2002 está a rebosar. Invitada de honor, la comisaria de Energía y de Transportes de la UE y vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio. Asiste lo más granado de los sectores empresariales con los que se relaciona la ex ministra de Agricultura en Bruselas. El acto se celebra apenas un mes después de que España haya sufrido un serio problema de apagones eléctricos (17 de diciembre de 2001) y se alarga. Está a punto de concluir. De pronto, una gran amiga de la comisaria europea, ex compañera de Loyola de Palacio en el primer Gobierno de Aznar, Isabel Tocino, lanza la pregunta: ¿qué opinión le merece a la comisaria el futuro de la energía nuclear en Europa? Y Loyola se despacha a gusto: 'A la gente no se le puede seguir engañando', afirma, 'diciendo que es posible renunciar a la energía nuclear'.

Encantada de ser profeta en su tierra, Loyola de Palacio rompía así el dique de precaución, asentado en el rechazo instintivo de la mayoría de la población al tema nuclear, que hasta ahora había impedido debatir en España sobre este método de producción de energía. Las siete centrales que existen en el país, distribuidas por toda la geografía, proporcionan el 27% de la electricidad que se consume. El tema era tabú desde que a mitad de los años ochenta se aprobara la moratoria nuclear que, entre otras cosas, todavía compensa a las eléctricas que invirtieron en instalaciones proyectadas en los años setenta y finalmente no desarrolladas, con el 3,450% del recibo de la luz que pagan los usuarios.

Roto el dique, los empresarios eléctricos, con el presidente de Endesa, Rodolfo Martín Villa, a la cabeza, se han lanzado, sin tapujos, a defender las centrales nucleares. Martín Villa, apoyado por el todavía presidente de la asociación patronal eléctrica Unesa, José María Amusátegui, y por el recién nombrado presidente de Unión Fenosa, Victoriano Reinoso, han abogado en todos los tonos y en todos los foros por desempolvar los manuales sobre energía nuclear con un objetivo aparente: impulsar la construcción de nuevas centrales y el mantenimiento de las actuales para garantizar el suministro de electricidad en un momento en que el consumo crece a ritmos del 6%.

El sector eléctrico no se ha lanzado a la piscina nuclear sin agua. Los vientos soplan a su favor. Especialmente los que llegan del otro lado del Atlántico. La nueva Administración estadounidense que dirige George Bush, la misma que se ha negado a firmar el Protocolo de Kioto contra la emisión de gases contaminantes a la atmósfera y en la que tienen un peso indiscutible los puntos de vista de las multinacionales que fabrican equipos de generación nuclear (General Electric o Westinghouse) considera la energía nuclear un puntal estratégico de su desarrollo económico futuro.

Preocupación ecológica

Entre las 105 recetas económicas del programa Bush se incluye la derogación de la moratoria nuclear para construir nuevas centrales (EE UU tiene 104 de los 438 reactores que existen en el mundo) y lograr que la energía nuclear eleve su participación en la tarta energética estadounidense más allá del 20% actual.

La justificación básica de la energía nuclear, utilizada a ambos lados del Atlántico es simple. La asumen en los mismos términos tanto el presidente de la National Regulatory Commision (NCR) de EE UU, Richard Meserve (último número, en inglés, de la revista de la Sociedad Nuclear Española), como la vicepresidenta de la UE, Loyola de Palacio: la energía nuclear es la más barata y tiene un bajo coste medioambiental porque no emite gases de los que contribuyen al efecto invernadero.

En el sector energético español se esgrime como ejemplo de rentabilidad el caso francés, donde la empresa pública estatal Electricité de France (EDF) gana dinero, compra empresas en el exterior (Hidrocantábrico en España) y defiende la calidad del servicio público gracias a que se beneficia de que el 76,4% de la electricidad que distribuye se genera en 59 reactores nucleares que producen electricidad a bajo precio.

Es un punto de vista que también se maneja en la patronal española CEOE, sensible a las quejas del sector eléctrico español y temerosa de la ofensiva energética francesa en el continente. El apoyo teórico ya está elaborado. En el informe La energía en la España del siglo XXI (2000-20025), realizado por el Instituto de Estudios Económicos, IEE (del que procede, entre otros, el actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro), se afirma (página 97) que 'en la actualidad, resulta imposible que España prescinda de la producción eléctrica de origen nuclear, y en caso de que se produzca un crecimiento económico elevado, tendremos que pensar en la ampliación del parque de generación nuclear como energía base estratégica del sistema eléctrico español a partir del periodo 2008-2012'.

Ese periodo que menciona el IEE coincide con 'la segunda década del siglo', la época en que, según dijo públicamente el presidente de Unión Fenosa, Victoriano Reinoso, la pasada semana, España verá cómo entran en funcionamiento nuevas instalaciones nucleares.

Silencio administrativo

Las demandas del sector energético español, amplificadas desde Bruselas por la vicepresidenta de la Comisión Europea, han tenido, de momento, una acogida prudente por el Gobierno del PP. En el reciente borrador de Planificación Energética elaborado por el Ministerio de Economía hasta el año 2011 sólo está previsto el mantenimiento del parque nuclear actual, compuesto por las centrales de Garoña (50% Endesa, 50% Iberdrola); Cofrentes (100% Iberdrola); Ascó (100% Endesa); Trillo (34,5% Fenosa, 48% Iberdrola, 15,5% Cantábrico, 2% Nuclenor); Cabrera (100% Fenosa)Vandellós (72% Endesa, 28% Iberdrola) y Almaraz (Endesa 36%, Iberdrola 53% y Fenosa, 11%).

El Plan Energético, que se debate ahora en el Parlamento, apuesta sobre todo por el gas natural como recurso de producción de electricidad mediante centrales de ciclo combinado en los próximos años. El Gobierno del PP mantiene lo que está en funcionamiento, espera el resultado del debate nuclear que se desarrolla en Europa (Alemania y Suecia han aprobado el desmantelamiento de sus centrales en los próximos 20 años mientras los Gobiernos del Reino Unido e Italia abogan por nuevas instalaciones) y contempla, sin desgaste en el interior, cómo desde Bruselas, uno de los suyos, la comisaria y ex ministra Loyola de Palacio defiende con uñas y dientes los intereses del poderoso lobby energético, respaldada por el temor generalizado a las carencias energéticas en los próximos años.

Pero la batalla va a ser dura. En las últimas décadas, el movimiento ecologista ha aprendido a debatir sobre los argumentos economicistas simples y, lo que es más importante, a trasladar sus mensajes a una sociedad muy marcada por el estallido de la central nuclear de Chernóbil (26 de abril de 1986). El punto de vista de los ecologistas ha calado hondo en todas las sociedades desarrolladas.

Básicamente, ese punto de vista, contrario a la energía nuclear, se centra en cuestionar las dos premisas a favor de las centrales: la energía nuclear, afirman sus detractores, ni es barata ni es neutral con el medio ambiente.

Porque ¿cómo se puede calcular el coste de mantener a buen recaudo residuos dañinos que permanecen activos durante miles de años? Y ¿cuánto cuestan los sistemas de seguridad aceptable en una central?

En España, al margen del porcentaje que se paga por la moratoria nuclear y los 5.500 millones anuales del presupuesto que se destinan al Consejo de Seguridad Nuclear (el órgano de control de las nucleares), los consumidores aportan un 0,8% de cada recibo de la luz a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), creada en 1984 para gestionar los restos que producen las centrales nucleares.

El problema de los residuos es importante, aunque como con la botella medio llena o medio vacía, todo depende del punto de vista. Según Enresa, dentro de unos 20 años (hacia 2030), España sólo tendrá en su suelo 12.000 metros cúbicos de residuos de alta actividad (el equivalente a una piscina olímpica de 50 metros) y 200.000 metros cúbicos de residuos de baja y media actividad, equivalentes a un cubo de las dimensiones de un campo de fútbol.

El problema de dónde colocar ese material peligroso está resuelto, según Enresa, hasta 'la segunda década del siglo' con el cementerio nuclear de El Cabril (lugar ubicado a 130 kilómetros de Córdoba), en las estribaciones de la Sierra Albarrana. Pero ¿y después? Por el momento no hay respuesta. Los detractores de la energía nuclear destacan, precisamente, esa provisionalidad en los planes de la industria, que tienden a resolver sólo el problema inmediato, ya sea de suministro o de rentabilidad de la inversión. El problema de los residuos es, afirman, un legado envenenado a las generaciones futuras, que estarán obligadas a convivir con un problema que generará, a la larga, un fuerte desembolso.

Hablar de dinero en un asunto como la energía nuclear, aseguran los colectivos ecologistas, es engañoso, porque ¿quién se atreve a calcular el coste de la catástrofe de Chernóbil? Planteado así, el problema no tiene solución, porque en términos económicos no puede calcularse el coste de una seguridad infinita.

Por ello, quizá más que el dinero, sea el factor tiempo la variable que más ayuda a enmarcar la cuestión nuclear. Un dato: el desmantelamiento de la central de Vandellós I (Tarragona), que quedó fuera de servicio en 1989 a causa de un incendio, se inició en 1990. El denominado nivel de desmantelamiento 3, que permitirá utilizar el terreno para otros fines en un futuro sin concretar, se iniciará en el año 2027. Sólo entonces se podrá desmontar el reactor nuclear con un mínimo de seguridad.

Debate público

Los términos del hipotético debate están claros, aunque convendría que, bien ahora, bien cuando termine el plazo fijado por el borrador de política energética, la discusión se escenifique en el Parlamento, con un Libro Blanco elaborado previamente por economistas independientes y sin restricción alguna en la información. Es decir, lo que se entiende en un país democrático por debate. Es una práctica que no se ha seguido en España en las dos últimas legislaturas. El Gobierno ha adoptado decisiones de gran alcance sobre servicios públicos o semipúblicos -por ejemplo, sobre la electricidad, las autopistas, la sanidad o sobre el agua, como el Plan Hidrológico- sin confrontar sus opiniones con las de la sociedad.

La cuestión decisiva en la actualidad es si las empresas eléctricas están dispuestas a construir nuevas centrales nucleares en condiciones de economía de mercado; o si lo que se pretende es que la Administración apruebe condiciones tarifarias y financieras que permitan afrontar nuevos planes nucleares sin riesgo para las compañías.

La primera pregunta tendría probablemente una respuesta negativa; es decir, si se levantara la moratoria nuclear y en el supuesto de que no se produjese una presión social insostenible contra las nuevas centrales nucleares, es muy dudoso que Endesa, Iberdrola o Unión Fenosa apostaran las inversiones necesarias, con sus recursos propios o financiación a cargo de su deuda, para construir nuevas plantas. El impacto sobre sus balances sería insostenible; y en términos de mera rentabilidad económica sería poco recomendable. Eso es lo que indica una revisión de las cifras de deuda, cash flow y utilización de recursos de las tres grandes eléctricas españolas.