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Las Armadas de España y EE UU firmarán un acuerdo para mantener la Sexta Flota

Miguel González

La Navy, la Marina de Guerra de EE UU, y la Armada española firmarán un acuerdo para que el mantenimiento de la Sexta Flota pueda realizarse en la Bahía de Cádiz. La responsabilidad de dicho mantenimiento correrá a cargo del Isemer (Instalaciones de Segundo Escalón de Mantenimiento de la base de Rota), aunque algunos trabajos puedan subcontratarse con los astilleros civiles de la empresa pública Izar (antigua Bazán). Aunque representará un aumento de trabajo en la zona, su importancia económica es relativa, unos 24 millones de euros anuales como máximo.

Ésta será la primera consecuencia práctica para España del nuevo convenio defensivo que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, y el secretario de Estado de EE UU, Colin Powel, tienen previsto firmar el 10 de abril en Madrid, en sustitución del vigente desde 1989. Paralelamente, el ministro español de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, y su homólogo estadounidense, Donald Rumsfeld, firmarán una declaración de cooperación industrial en materia de Defensa que comprometerá a ambas administraciones a tratar a las empresas del otro país como a las suyas propias en sus compras.

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La prueba de fuego de este compromiso, que no vincula jurídicamente, es el concurso Deep Water (Agua Profunda) de adquisición de hasta 45 aviones de patrulla marítima para la Guardia Costera de EE UU. Una de las ofertas de la empresa ganadora, Loocked Martin, incluye el modelo CN-235 de la empresa española CASA-EADS, que podría obtener pedidos por al menos 280 millones de euros.

El principal escollo de la negociación era el conflicto laboral que mantienen los 1.200 trabajadores españoles de la base de Rota (Cádiz) por la pérdida de su poder adquisitivo, al eliminarse hace dos años la exención fiscal que disfrutaban desde 1971. El Gobierno se comprometió a resolver este punto antes incluso de negociar el nuevo convenio. Sin embargo, ante la firmeza de EE UU, ha optado por aparcar el problema y que sea una comisión bilateral la que, en los seis meses siguientes a su entrada en vigor, busque una solución.

Como el actual, el nuevo convenio, presentado como una enmienda a éste, tendrá una vigencia de ocho años y se prorrogará anualmente si ninguna de las dos partes lo denuncia. Su firma abrirá la puerta a la ampliación de las capacidades militares de la base de Rota, con una inversión inicial de 140 millones de euros.

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Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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